Al PP no le gusta el fondo que quiere crear el Gobierno para inyectar liquidez a las entidades bancarias. Y, además, no se fía de que el dinero que el Estado hará llegar a los bancos --gracias a la emisión de deuda pública y a través de un sistema de subasta--, llegue a sus destinatarios finales: particulares y pymes. Esto fue lo que escuchó ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, de boca del responsable de esta área en el PP, Cristóbal Montoro, en una reunión que duró más de dos horas. El dirigente conservador reclamó que haya garantías "de transparencia" incluidas en el proyecto de ley que regule el fondo que, según anunció José Luis Rodríguez Zapatero, estará dotado de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000.

De hecho, Montoro planteó a Solbes que se incluya en el proyecto legislativo una cláusula que comprometa a los bancos a recomprar los activos que, previamente, hayan vendido al Tesoro gracias al citado fondo, y que se fije un plazo para hacerlo.

CONTROL PARLAMENTARIO Asimismo, propuso que se especifiquen las condiciones que deberán cumplir los bancos para acceder al crédito público por medio del sistema de subasta o que, entre otras cosas, los ciudadanos sean informados si el Estado le compra a un banco su hipoteca. Según Montoro, el vicepresidente económico le dio la callada por respuesta, añadiendo que estudiaría sus iniciativas.

En la reunión, la delegación del PP incidió en que una medida de esas características precisa de un control por parte del Congreso, una exigencia a la que no se negó el Gobierno. Pero fue un diálogo enrarecido. Los populares reclaman una comisión. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda --también presente en la minicumbre económica--, afirmó que el Congreso estará "informado" del desarrollo del plan pero que el Ejecutivo no tiene intención de poner en marcha la demandada comisión parlamentaria al entender que se trata de una medida de urgencia que precisa celeridad.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un borrador del decreto ley, con la idea de incorporar algunas sugerencias del PP que vayan en la dirección de obtener "más garantías y transparencia", según Ocaña. Sin embargo, el Gobierno enviará hoy mismo ese borrador a la Comisión Europea para que lo examine y dé su visto bueno "cuanto antes".

El PP, al margen de todas esas posibles garantías, insistió en que el fondo del Gobierno no es su plan y que, en realidad, el Estado podría ayudar a las pequeñas y medianas empresas y al conjunto de las familias sin la intervención de las entidades bancarias. Con un recelo mayúsculo hacia los bancos, Montoro le propuso a Solbes que sea el Estado, directamente, con la emisión de deuda pública --que podría alcanzar un 5% del PIB--, quien ofrezca liquidez.

Ocaña resumió la propuesta de Montoro con una mayor claridad. "El PP pide utilizar la deuda pública para proporcionar directamente crédito a las empresas", aseguró con una cierta hilaridad, al añadir que el Estado no está para sustituir a las entidades bancarias.

CITA ZAPATERO-RAJOY ¿Hubo acuerdo en esta reunión técnica? Hubo avances y evidencias de que el Ejecutivo no dará un paso atrás en la fórmula propuesta, ni los populares se harán corresponsables de una medida en la que no confían, con el objetivo de aparecer como los defensores del ciudadano. En un cambio de los roles tradicionales, los socialistas insisten en que inyectar liquidez a la banca será inocuo para el ciudadano y beneficiará a las economías domésticas, mientras que el PP avisa del mal uso que pueden dar los banqueros a ese dinero. Esta reunión tan ambigua fue el preámbulo, y seguramente el espejo, de la que celebrarán Zapatero y Rajoy.