El PP sigue aferrándose al caso Bono como un modo de tratar de devolver los golpes que recibe con cada nueva revelación sobre la trama Gürtel. Los conservadores no están dispuestos a renunciar a la estrategia de acoso al presidente del Congreso y ayer lo volvieron a demostrar, después de que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara baja se declarara incompetente para indagar sobre las presuntas irregularidades en el patrimonio del dirigente socialista.
El PP encajó con disgusto este carpetazo parlamentario y, de forma casi inmediata, anunció que se plantea pedir que se constituya en el Congreso una comisión de investigación para dilucidar si parte del enriquecimiento de Bono se ha debido a un supuesto tráfico de influencias.
La Comisión del Estatuto del Diputado, que se reúne a puerta cerrada, estudió ayer el informe encargado hace varias semanas a los servicios jurídicos de la Cámara a fin de determinar si era o no competente para investigar los bienes de Bono. Unos bienes cuyo origen había sido cuestionado en diversas informaciones periodísticas, que los dirigentes del PP no dudaron en adoptar como munición contra el PSOE. Después de analizar el dictamen, los representantes de todos los grupos salvo el PP votaron a favor de declararse no competentes. Los conservadores se abstuvieron, pero esgrimieron un acuerdo de 1990 para insistir en que la comisión está facultada para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias.
MALA IMAGEN El portavoz del PP en la comisión, Vicente Ferrer, aseguró que la decisión adoptada ayer "no va a beneficiar en nada a la credibilidad de la Cámara ni a la imagen de la institución", porque "pegar un carpetazo no es lo que la ciudadanía espera" del Parlamento, y advirtió de que el Congreso está transmitiendo la impresión de que no tiene interés en conocer "si el proceder de cualquier diputado ha sido en todo momento el que cabía esperar".
Fuentes del partido conservador informaron de que ahora estudian la posibilidad de pedir la creación de una comisión de investigación para escrutar la actividad desarrollada por Bono en la etapa anterior a su llegada a la presidencia del Congreso (años en los que ejerció de presidente autonómico de Castilla-La Mancha y de ministro de Defensa).
El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el socialista Francesc Vallès, lamentó que los populares perseveren en su intento de "judicializar la política", una táctica, dijo, "que no fortalece a la democracia". "El PP sabe que este asunto está zanjado", sentenció.
Paralelamente, la Mesa del Congreso dio ayer vía libre a una petición del PP para que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explique en la Cámara baja su negativa a abrir una investigación sobre el patrimonio de Bono.
A fin de sortear la tradicional renuencia de la Mesa del Congreso a autorizar la presencia del máximo responsable del ministerio público para hablar de asuntos concretos, la solicitud de los conservadores planteaba la conveniencia de que CondePumpido expusiera de forma genérica su actuación en casos de corrupción relacionados con altos cargos. Bono optó por no tomar parte en la votación de la resolución.
