El presidente del Gobierno expresó el viernes su deseo de que la película de espías con la que el PP se había entretenido en agosto hubiera sido fruto de un pasajero calentón estival. Los conservadores parecían darle la razón, porque en los últimos días sus dirigentes, que no habían podido aportar pruebas de las supuestas escuchas ilegales, ya miraban hacia otra parte cuando se les requería al respecto. Pero el portavoz del PP, Esteban Gonzá- lez Pons, convirtió ayer el deseo de Zapatero en vana esperanza. Tras el comité de dirección de su partido, retomó las acusaciones con más fuerza que nunca. ¿Con pruebas? Pons aseguró tenerlas, pero una vez más se limitó a citar conversaciones pinchadas judicialmente aparecidas en los medios de comunicación como ya había hecho el día anterior la líder del sector crítico de los conservadores, Esperanza Aguirre.

"Los medios de comunicación están trufados de conversaciones telefónicas extrasumariales, o de un sumario y descartadas por el juez, o completamente irrelevantes a efectos sumariales", argumentó el portavoz que solo pudo citar una de ellas: el diálogo mantenido por el presidente valenciano, Francisco Camps, y el jefe de la rama valenciana de la red corrupta vinculada al PP, Alvaro Pérez, el Bigotes. En aquella conversación, publicada por el diario El País, este último le dice a Camps "te quiero un huevo", entre otras muestras de afecto pese a que el presidente valenciano había asegurado públicamente que apenas le conocía.

El PP no ha encontrado esta grabación en el sumario del caso en Valencia y esto le lleva a asegurar que la grabación fue ilegal... o casi. "A lo mejor fue legalmente grabada", admitió Pons, pero añadió que "debió ser legalmente destruida" y en lugar de ello fue "ilegalmente conservada" y filtrada a un periódico. "Y eso es tan grave como filtrar ilegalmente", aseguró.

El PP ya ha llevado este caso a los tribunales dentro de la denuncia que el responsable de Justicia del partido, Federico Trillo, presentó en julio "por interceptación de las comunicaciones" y ahora corresponde a la fiscalía "buscar" quién lo ha hecho o lo ordenó, advirtió Pons.

EL OTRO IMPUTADO Pero no solo Trillo ha acudido a los tribunales. El secretario general del PP y portavoz del partido en las Cortes valencianas, Ricardo Costa, explicó ayer que en julio presentó otra denuncia en los juzgados de Madrid que aún no ha sido admitida por la "persecución silenciosa y propagandística" de la que se ha sentido objeto por parte de "los mecanismos del Estado y los medios de comunicación". Costa estuvo imputado, como Camps, por recibir regalos de la trama corrupta.