El PP ha insistido hoy en el Congreso en la necesidad de recortar los 192 asesores y los 633 empleados "monclovitas" con los que José Luis Rodríguez Zapatero se ha "atrincherado" en el Gobierno, pero el PSOE ha rechazado su idea y le ha acusado de querer aprovechar la crisis para podar el Estado. El enfrentamiento entre populares y socialistas en el pleno del Congreso ha tenido lugar durante el debate de los presupuestos de Presidencia, que han sido defendidos por el ministro Ramón Jaúregui. El presupuesto de su departamento, de 770 millones de euros, sufre una reducción del 17 por ciento, buena parte por que para 2010 se consignó una partida de 54 millones para la presidencia española de la UE y por que la contratación de los servicios de cobertura informativa en 2011 no lo asume Presidencia, sino cada Ministerio. Jaúregui ha defendido unas cuentas que ha considerado austeras y ha confiando en que también sean "eficientes y eficaces". El diputado del PP Miguel Barrachina ha sido el encargado de exponer la mayoría de las enmiendas a este capítulo, con un ahorro de 25 millones de euros recortando personal o gastos protocolarios, pero el PSOE ya le ha advertido de que lo hacía sin posibilidades de éxito. Barrachina ha acusado a Zapatero de "acantonarse" en La Moncloa sin rebajar el personal eventual ni el número de empleados del Palacio "mientras España y los 4,5 millones de españoles están en situación agónica". Tras denunciar que el gasto de personal de La Moncloa ha aumentado un 75 por ciento respecto a 2004, ha criticado que el número de empleados públicos haya crecido en 303.000 en seis años en España mientras se perdían 2,2 millones de empleos privados. El portavoz socialista, José Antonio Pérez Tapias, ha recordado a Barrachina que el Gobierno no está atrincherado en La Moncloa, sino que sigue en ella "con toda legitimidad democrática", y ha defendido el rigor y la austeridad de un presupuesto que, ha subrayado, reduce en un 5,2 por ciento el gasto en personal. En este contexto ha acusado a los populares de atacar a los funcionarios públicos para lograr ese "Estado de mínimos al que tanto apego tiene la derecha española" y les ha instado a explicar por qué no aplican esas recetas en los ayuntamientos y comunidades que gobiernan. Ha rechazado además la enmienda del PP que pedía reducir en un 85 por ciento la partida destinada a apoyar la negociación colectiva, iniciativa que, a su juicio, supone infravalorar a los sindicatos. Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha defendido también sin éxito la supresión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo, en su opinión, "de propaganda" que se mantiene en un intento de sustituir "la política por la demoscopia".