Ala espera de que el lunes se conozcan oficialmente los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ayer empezaron a conocerse algunos nombres. Los candidatos del PP son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y formarán un férreo y compacto bloque en el nuevo órgano de gobierno de los jueces. Por contra, el PSOE ha optado por incluir en sus listas a magistrados de la asociación moderada Francisco de Vitoria y elegir a integrantes de Jueces para la Democracia. Las incógnitas se mantienen en el cupo de juristas. El PP y el PSOE se reparten seis plazas. En medios jurídicos se apunta que Ignacio Astarloa, uno de los abanderados de la línea dura del PP en la anterior legislatura, quiere ocupar un puesto del CGPJ después de haber sido defenestrado por Mariano Rajoy.

Si se confirma este nombramiento, quedaría claro que el PP no está dispuesto a ceder territorio en un órgano clave como es el Poder Judicial. La renovación del CGPJ ha estado paralizada durante dos años. Antes de que finalizara el anterior mandato del actual órgano, en noviembre del 2006, las asociaciones judiciales presentaron una lista con sus candidatos para que los partidos políticos eligieran entre ellos a 12 jueces. Además, se presentaron varios independientes después de avalar su candidatura con firmas de sus compañeros. Esa relación sigue aún vigente. Sin embargo, algunos se han caído porque, con el paso del tiempo, se han jubilado, a los 70 años. En esta situación se encuentran dos de los pesos pesados de la APM, Jesús Souto, quien estaba llamado a ser el vicepresidente del CGPJ, y Santiago Martínez Vares. Algunas fuentes judiciales no descartan que finalmente ambos se integren en el consejo si el PP les propone como juristas.

El PSOE ha optado por integrar en sus listas las tendencias del sector progresista y moderado. En su propuesta figuran dos jueces de la asociación Francisco de Vitoria y cuatro de Jueces para la Democracia. Sin embargo, será difícil que este bloque actúe con la misma cohesión que el conservador por proceder de distintas familias. Los nombres que empezaron a circular ayer son los siguientes: el PP propone a Manuel Almenar --presidente de la Audiencia de Pontevedra--; Miguel Collado --magistrado en Barcelona--; Pío Aguirre --presidente de la Audiencia de Jaén--; Gemma Gallego --instruyó el caso del ácido bórico -- y Concepción Espejal --presidenta de la Audiencia de Guadalajara--. A este grupo se uniría la independiente Beatriz Granda, afín al sector conservador. Esta jueza fue la que logró reunir mayor cantidad de avales, 300. En fuentes judiciales se descarta que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sea elegido, a pesar de que logró casi 180 firmas. Los candidatos del PSOE, según las fuentes consultadas, son Miguel Carmona --de la Audiencia de Sevilla--; Inmaculada Montalbán --de la Audiencia de Granada--; Margarita Robles --magistrada de la sala contenciosa del Tribunal Supremo--; Andrés Martínez Arrieta --magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo y miembro de Francisco de Vitoria--; Manuel Torres Vela --magistrado en Málaga y miembro de Francisco de Vitoria--; y Félix Azón, de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De esta lista ha caído José Manuel Fernández Seijo por sus diferencias de criterio con algunos sectores de Jueces para la Democracia. Se da la circunstancia de que el negociador socialista, José Antonio Alonso, fue miembro de Jueces para la Democracia cuando ejercía como juez.

LAS SORPRESAS Además, las fuentes consultadas dan por seguro que el PSOE colocará en su turno de juristas a la fiscala Almudena Lastra, que actualmente ejerce en la Fiscalía General del Estado. Además, los socialistas quieren ocupar este cupo con un secretario judicial y una catedrática. Por su parte, el PNV ha confirmado que Margarita Uría, su diputada estrella, será vocal del CGPJ. CiU mantiene un expectante silencio sobre su propuesta. Respecto al presidente del CGPJ, ayer se descartaba la elección de Fernando Ledesma porque tiene 69 años. También dejó de sonar el nombre del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.