El Gobierno y el PSOE han llegado a un acuerdo sobre la reforma del Código Penal y la Ley General Penitenciaria para de elevar hasta los 40 años la estancia máxima en prisión de los condenados por terrorismo y condicionar la concesión de beneficios penitenciarios a su "cooperación y colaboración activa" en la lucha contra el terrorismo, según han anunciado el ministro de Justicia, José María Michavila, y el secretario socialista de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar.Michavila ha explicado que estas reformas pretenden "dar un paso más" en la lucha contra ETA al ampliar de 30 a 40 años la posibilidad de cumplimiento efectivo de condenas por terrorismo y garantizar el cumplimiento íntegro de esas penas impuestas a etarras, así como establecer un periodo de garantía de cumplimiento de condena para otros delitos graves.El caso de RoldánLa reforma pretende, además, establecer medidas para que, como en el caso de Luis Roldán, los que han sustraído fondos públicos o han cometido delitos contra la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores no puedan volver a disfrutar de beneficios penitenciarios si no han devuelto el patrimonio sustraído.Michavila ha afirmado que la reforma servirá "para doblar definitivamente el pulso a ETA". El ministro de Justicia ha dicho que, hasta ahora, España ha tenido leyes "extraordinariamente ingenuas en la lucha contra terrorismo".López Aguilar ha defendido que un terrorista pueda acceder a los beneficios penitenciarios si "se comprometen activamente con su propia resinserción, renunciado a la violencia, condenando la actividad terrorista y compromiso activo al resarcimiento de las víctimas pidiéndoles perdón y afrontando la responsabilidad civil derivada de sus delitos terroristas".Sin embargo, el diputado socialista ha coincidido con el ministro en que sólo se podrá garantizar el acortamiento de la pena o el acceso a la libertad condicional a aquel delincuente "que se comprometa activamente con su resocialización".
