El Partido Popular volvió ayer a la carga. De nuevo llevó al Congreso la investigación del 11-M y de nuevo se quedó solo en su pretensión de desautorizar la labor llevada a cabo por el Ministerio del Interior en el esclarecimiento de la masacre. Los conservadores presentaron una moción, que fue rechazada, en la que pedían al Gobierno informes sobre las pruebas claves en el sumario y que para ellos son dudosas. El resto de los grupos consensuaron una enmienda en la que mostraban su apoyo a las fuerzas de seguridad y la justicia y que el PP no aceptó votar.
La diputada del PP encargada de defender la moción, Alicia Castro, fue más allá que el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, cuando la semana pasada interpeló al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el 11-M. Así, acusó al Gobierno de elaborar "informes falsos, ocultar pruebas" e interponer "todo tipo de obstáculos a la actuación judicial".
EL REPROCHE Si Rubalcaba en aquella ocasión recriminó a los populares el estar dirigidos por el director de El Mundo , Pedro J. Ramírez, aunque Eduardo Zaplana no mencionó nada de lo difundido por el diario, Castro no ocultó ayer que el PP cree a pies juntillas sus informaciones. Así, se hizo eco de los últimos titulares del rotativo sobre la masacre y consideró que los indicios que apuntan a que el atentado fue obra de los islamistas y sobre los que El Mundo ha asegurado que fueron manipulados "han quedado invalidadas como pruebas en el sumario".
ENMIENDA ALTERNATIVA El resto de los grupos se negaron a debatir con el PP y uno a uno leyeron la enmienda alternativa que habían consensuado y que supone un respaldo a "las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y a la "labor independiente de los tribunales". Los grupos quisieron resaltar que en estos momentos es la justicia la que tiene que "esclarecer la verdad material y penal de los atentados".
El líder de IU, Gaspar Llamazares, recordó que ya hace dos años y medio la mayoría del Congreso, al igual que ayer, apoyó "a las instituciones del Estado de derecho" y señaló que en un sistema democrático ni el Gobierno debe dirigir la "línea de investigación" ni el Parlamento controlar al Poder Judicial.
La enmienda consensuada, en su último párrafo, remitía a las conclusiones de la comisión del 11-M. La diputada popular explicó que su grupo estaba de acuerdo con el respaldo a las instituciones, pero que no compartía el párrafo de las conclusiones y que por eso rechazaba el texto alternativo.
