El PP volvió a utilizar ayer el arresto del presidente de la Diputación de Alicante, el conservador José Joaquín Ripoll --detenido el martes pasado durante 12 horas por una nueva trama de corrupción ligada a la adjudicación de servicios de basura--, para cargar contra el Ministerio del Interior, pero también esgrimió un nuevo argumento con el que justificar por qué no actúa contra el líder de su partido en la provincia: los cargos por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios son demasiado vagos para saber qué hay detrás.
La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se escudó en que el sumario del caso continúa siendo secreto. "La imputación tiene carácter genérico y está sin concretar", dijo en Ciudad Real, por lo que su partido esperará a que se levante el secreto para conocer "algún dato más". Lo que sí se sabe, continuó, siguiendo la línea de respuesta política trazada por su partido desde comienzos de esta semana, es "lo que se produjo antes de la imputación" --el arresto--, un "montaje" que atribuyó al Ministerio del Interior, por el que su partido ha solicitado explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba.
A juicio de la dirigente del PP, "no hacía falta" que se desplazaran 80 policías a la Comunidad Valenciana, "una de las regiones con el ratio de policías por habitante más bajo de España", para acompañar a unas personas a "declarar voluntariamente".
LA NOTA DE PRENSA Para sostener las acusaciones esgrimidas, los populares se basan en una nota de prensa que fue distribuida el miércoles pasado a instancias del juez encargado de instruir el caso, Carlos San Martín, en la que quiso hacer pasar la detención de Ripoll por una decisión autónoma de la policía, pese a que él mismo la había autorizado días antes.
