El PP decidió ayer dar una vuelta de tuerca al marcaje al que tiene sometido al PSE y encontró un nuevo argumento para condicionar al Gobierno vasco. El parlamentario popular Carlos Urquijo emplazó públicamente al Ejecutivo autónomo a cerrar las herriko tabernas (sedes sociales de la izquierda aberzale) para "acabar con la impunidad de ETA".

Los populares recordaron que existen diferentes resoluciones judiciales, y en concreto aludieron a las del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con Baltasar Garzón al frente, que en el 2002 ordenó el cierre de 55 herriko tabernas embargadas. Sin embargo, los populares no aludieron en su nota de prensa al pronunciamiento del Tribunal Supremo, encargado de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, que en diciembre del 2007 renunció a liquidar esos 55 locales bajo administración judicial al comprobar que en su mayoría son propiedad de particulares o de asociaciones culturales. De hecho, el entramado legal puesto en marcha años atrás por la izquierda aberzale para dificultar la acción de la justicia está surtiendo efecto, ya que los sucesivos autos de Garzón no han impedido que la mayor parte de las herriko tabernas permanezcan abiertas. Por ejemplo, la sede radical de Lazkao (Guipúzcoa), que fue destrozada por un vecino de la localidad al que una bomba etarra había destrozado su casa, continúa hoy abierta.

ENVIO DE LA ERTZAINTZA El parlamentario Carlos Urquijo solicitó al PSE que envíe a la Ertzaintza a cerrar las sedes aberzales y detalló que las resoluciones del juez Garzón ya fueron comunicadas en su día a la policía vasca. Tras criticar la pasividad de los gobiernos presididos por el lendakari Juan José Ibarretxe en esta materia, exigió a los socialistas que acrediten su compromiso con la deslegitimación del terrorismo. Urquijo lamentó que, pese a las resoluciones judiciales, solo unas pocas sedes fueron clausuradas y varias fueron posteriormente desprecintadas.