Si en algo coinciden el Gobierno y el PP en estos días de ansiedad ante un posible --y quizás definitivo-- comunicado de ETA es en pedir sosiego a sus cargos políticos, por más que los acelerados movimientos de Batasuna hagan presagiar cambios inminentes. Pero eso no significa que unos y otros no estén preparando con previsión sus estrategias por si, tal y como se apunta desde el mundo aberzale, la noticia más esperada --el final de la violencia etarra en España-- no tarda demasiado en llegar. De hecho, el principal partido de la oposición sopesa ofrecer al Ejecutivo un pacto de Estado para gestionar conjuntamente el final de la banda terrorista.
Según fuentes populares, el objetivo de dicho ofrecimiento es el de elaborar entre los dos grandes partidos un protocolo de verificación del alto el fuego definitivo y que, según los conservadores, debe "ir más allá de la mera entrega de armas" y tener en cuenta a las víctimas.
FUTURO DE LOS RADICALES Los dirigentes del PP que defienden este pacto subrayan que convendría dar una nueva vuelta de tuerca al regreso de la izquierda aberzale a las instituciones. "Esto siempre y cuando ETA haya desaparecido, nunca antes, por más condenas o rechazos a la violencia que haya", sostiene una de las fuentes conservadoras consultadas. Y es que los populares se niegan a aceptar la tesis de que Batasuna volverá a ser legal desde el momento en que rechace el terrorismo como camino para lograr fines políticos.
La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, creó cierta confusión entre sus compañeros de partido el pasado lunes cuando, en la rueda de prensa que prosiguió a la reunión del comité de dirección, puso a Aralar como ejemplo de la senda que debía recorrer Batasuna si quería volver a formar parte de la democracia. Tan solo 24 horas después, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se encargaba de matizar a De Cospedal y de recalcar que, para el PP, la repudia de la condena no basta. Y ese es el mensaje que el resto de la organización ha repetido en las últimas horas, para satisfacción del PP vasco, que aboga por mantener la mano dura con Batasuna.
A esa apuesta por la mano dura con la izquierda aberzale responde que, el miércoles, Basagoiti defendiera que se imponga a ETA una "cuarentena" de cuatro años --a contar desde el momento en que anuncie que deja las armas-- antes de permitir que Batasuna (o sus sucesores) concurran a unas elecciones.
SUGERENCIA Basagoiti consultó con Rajoy y con De Cospedal esta iniciativa, y podría ser una de las sugerencias del PP a incluir en un hipotético pacto con el Gobierno socialista en torno al fin de la banda etarra, confirmaron fuentes populares. No obstante, desde la dirección del partido se avisa de que aún es pronto para hacer pública una oferta de pacto de Estado (aunque ya se esté trabajando en ella) y se hace hincapié en que les toca mantener un discurso de firmeza frente a ETA y de respaldo a las víctimas.
En las filas socialistas, el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo llegar a sus colegas de Gabinete el mensaje de máxima cautela para evitar las declaraciones demasiado optimistas que los días anteriores habían dado alas a las suspicacias lanzadas por el PP de posibles connivencias o negociaciones con el entorno etarra. El ministro de Presidencia, Ramón Jaúregui, fue el encargado de enfriar las expectativas batasunas al pronosticar que ETA nunca dirá "me rindo" y que "no dará tiempo" a verificar si Batasuna ha roto con ella de verdad antes de las elecciones municipales.
El propio Rubalcaba marcó desde buena mañana la hoja de ruta del Gobierno para la legalización, y esta es mucho más dura que la simple condena del terrorismo. Batasuna ya está ilegalizada y para concurrir a unas elecciones tiene dos opciones: "o convence a ETA de que abandone definitivamente la violencia o Batasuna deja definitivamente a ETA". Y mientras los políticos marcaban terreno, el diario Gara confirmó que Batasuna presentará en breve un nuevo partido que rechazará la violencia.
