Mariano Rajoy no quiso anoche hacer ningún comentario sobre la documentación de Wikileaks que ayer recogió El País , de la que se deduce que el Gobierno español trabajó para frenar el proceso contra los tres militares estadounidenses supuestamente implicados en la muerte del cámara español José Couso. No dijo nada. Tampoco José María Aznar, que se limitó a subrayar la "sorprendente fragilidad" de algunos sistemas de seguridad. Como viene siendo habitual con los temas peliagudos, los populares dejaron el asunto en manos de su portavoz, Esteban González Pons, que acusó ayer a los socialistas de practicar la "doble moral" y la "hipocresía" en el citado caso.

Según González Pons, la información que se ha conocido en las últimas horas no da indicios de actividad delictiva, pero sí hace quedar "muy mal" a determinados miembros del Gobierno o del mundo judicial por "animar" a la familia Couso por un lado y, después, "poner palos en las ruedas de sus gestiones". En cualquier caso, afirmó que los populares van a ser muy prudentes, y restó relevancia a que puedan hacerse públicos cables diplomáticos que afecten al PP. "En ese caso, se referirá a sucesos en el que el PP está en la oposición, mientras es el Gobierno el que tomaba las decisiones, aceptaba las presiones o las ejercía", afirmó.

El PSOE, por su lado, defendió a la fiscalía y afirmó que no es lo mismo dar información a EEUU que dejarse influir. El socialista Alfonso Guerra hizo un apunte: a su juicio, los embajadores estadounidenses repartidos por el mundo pueden ser empleados de la CIA, por lo que no da "el menor crédito" a sus informes. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, exigió a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, que comparezca en el Congreso para dar explicaciones de la polémica.