La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, instó ayer a la sala del 61 del Tribunal Supremo a que ejecute las sentencias de ilegalización de ANV y EHAK dictadas el 22 de septiembre, de forma que se disuelvan tanto los grupos municipales del primero en los ayuntamientos de Euskadi y Navarra y en las diputaciones forales, como el grupo parlamentario del segundo en el Parlamento vasco. Pero la legislación impide que los ediles de ANV o los parlamentarios de EHAK pierdan su condición de tales. Al mismo tiempo, la Abogacía pidió que se liquiden los bienes de ambos partidos, que ya estaban embargados.
