Una de cal y otra de arena. El juez Fernando Andreu prohibió ayer una manifestación convocada en San Sebastián para protestar por la reciente sentencia contra la organización ilegal Segi, pero autorizó otro acto en Amurrio (Alava). El magistrado citó como imputado para el próximo lunes al convocante de la marcha de la capital guipuzcoana, Urko Picaza Ataun, por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. El acto finalmente no se celebró.

La petición de prohibición fue planteada por la asociación Dignidad y Justicia. El juez pidió a la Ertzaintza un informe sobre ambas convocatorias. Los agentes le informaron de que el acto de San Sebastián pretendía "dar respuesta" a la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado octubre contra miembros de Segi. Picaza es uno de los condenados a seis años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista. Por ello, el juez sospecha que la marcha buscaba "enaltecer los postulados" de ETA.

En cambio, sostuvo que el acto de Amurrio estaba "dentro de los límites constitucionales", ya que pedía "un sistema educativo nacional".