La Fiscalía de Extremadura ha remitido al juzgado de guardia la denuncia que la Junta Electoral de Zona formuló por la concentración ciudadana que durante la jornada de reflexión, el pasado 13 de marzo, se realizó ante la sede del PP en Cáceres, situada en la calle Antonio Hurtado, por si los hechos fueran constitutivos de un posible delito.
Así lo confirmó ayer a EL PERIODICO el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena, quien, no obstante, no concretó si dicha denuncia se trasladó al juzgado antes o después de recibir la polémica comunicación del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Este ha ordenado proceder a la "judicialización", mediante la remisión al juzgado de instrucción competente, de todas las denuncias que hubiesen recibido relativas a los hechos antes referidos y que acontecieron durante la jornada previa a las elecciones generales del pasado 14 de marzo.
El fiscal jefe de Extremadura eludió hacer valoración alguna sobre esta orden y sólo confirmó que por "esta fiscalía ya se ha remitido al juzgado correspondiente la única denuncia que por las concentraciones del 13 de marzo se ha recibido", denuncia que, insistió, presentó la Junta Electoral de Zona.
REACCIONES Por otra parte, reseñar que la orden dada a las fiscalías por Jesús Cardenal ha generado críticas de asociaciones de fiscales y partidos políticos.
Para las asociaciones de fiscales la decisión de Cardenal "ha sido "desafortunada y sorprendente", aunque la Asociación de Fiscales (AF), de carácter mayoritario, apreció a través de su presidente, Martín Rodríguez Sol, que en el fondo de la misma "existe buena intención", pese a que lo habitual, observó, es que cada fiscalía decida sobre las denuncias que recibe, informa Efe.
Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Antonio Camacho, señaló que con esta medida se da por hecho, sin analizar caso por caso, que todas las conductas denunciadas presentan indicios de ser constitutivas de delito, por lo que se prescinde de los mecanismos previstos en la ley.
Desde el PSOE, Juan Fernando López Aguilar tachó la actitud del fiscal general de "sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico y reveladora desde el punto de vista político".
El portavoz parlamentario en Cataluña de ERC, Josep Huguet, aseguró que, "por la misma regla de tres", quizá debería llevarse a la Fiscalía "a los responsables políticos del Gobierno por haber tenido durante más de 48 horas a 40 millones de españoles y muchos europeos bajo el riesgo de gravísimos atentados".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, opinó que lo que debería estudiarse es si esta orden supone una "presunta conducta de prevaricación". Y el presidente de Coalición Canaria la consideró "un error fuera de lugar", y recordó que la manifestación espontánea de los ciudadanos "debe respetarse".
