Unas 2.500 personas se manifestaron ayer por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas. La marcha la organizaba la plataforma ciudadana Mos Movem, En Marcha, Let’s go y el lema era Los idiomas no salvan vidas - Por una sanidad sin fronteras lingüísticas.
La empresaria Úrsula Mascaró, impulsora de este movimiento, considera que esta medida es «excluyente» y «dificulta la captación y fidelización» de profesionales sanitarios y no sanitarios en las islas porque el decreto también afecta al personal de cocina o mantenimiento. Además, recordó que en el 2016 solo cinco de las 7.000 reclamaciones presentadas en el ámbito de la sanidad pública se debieron a que los pacientes no fueron atendidos en catalán.
A la manifestación acudieron los presidentes del PP y Ciudadanos (Cs) de Baleares, Biel Company y Xavier Pericay, respectivamente, de Actúa Baleares, Jorge Campos, y miembros de los sindicatos CSI-CSIF y del Simebal, el Sindicato Médico de Baleares, así como el senador autonómico José Ramón Bauzá, del PP.
El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).
Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos; si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a pluses económicos.
Con ocasión de la protesta, el médico menorquín Claudio Triay, con 30 años de experiencia y el nivel C de catalán, el máximo, subrayó que «nunca» ha existido «el más mínimo problema» en Menorca entre pacientes y profesionales. La doctora mallorquina Isabel Orlandis, que trabaja en una zona turística, apuntó que en sus 20 años como profesional «jamás en la vida» ha tenido ninguna dificultad. «La exigencia del catalán es un absurdo: es una cuestión política, pura y dura», lamentó. El zaragozano Juan Urieta, con 15 años como médico en Mallorca, apostó por «no imponer nada y menos el idioma».
El presidente del sindicato de Médicos de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, recordó que Baleares es la única comunidad donde se exigirá la acreditación del catalán, algo que «ni sucede» en Cataluña, donde los profesionales pasan una prueba oral para comprobar que lo entienden. Por su parte, la CUP de Palma pidió al Govern balear «valentía» para aprobar el futuro decreto y asegurar así el derecho a expresarse «en catalán en la sanidad, la justicia, en la calle, en cualquier comercio».
