El primer pleno de la nueva legislatura del Parlamento vasco se inició casi con unanimidad. El Gobierno, el PP y la oposición nacionalista se unieron en la defensa de una mayor protección jurídica para el concierto económico. Todos juntos acordaron promover cambios en las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del poder judicial para dar rango de ley a las normas fiscales vascas y evitar que otras comunidades las recurran. Solo el único diputado del partido de Rosa Díez, UPD, se opuso. Con la votación de ayer, PP y PSOE se verán en la obligación de debatir y aprobar en el Congreso, con la incomodidad que ello pueda ocasionar en algunos sectores de ambos partidos, la protección del singular modelo económico vasco.
El blindaje de la singularidad fiscal vasca trata de evitar que gobiernos como los de La Rioja, Cantabria o Castilla y León y las propias asociaciones empresariales de esas autonomías recurran en los tribunales ordinarios decisiones que en materia fiscal se tomen en Euskadi, como ya ha sucedido. Sus recursos alegaban lesión de sus intereses por competencia desleal.
La iniciativa, aprobada con los votos de su promotor, el PNV, y del PSE, PP, Aralar, EA y EB, convierte al Parlamento vasco en interlocutor con el Congreso, donde defenderá cambios puntuales en la normativa para que, dando rango de ley a las decisiones fiscales, estas solo puedan ser recurridas ante el Constitucional. Es lo que ocurre en Navarra, que también tiene concierto económico.
La práctica unanimidad no impidió que los grupos parlamentarios se cruzaran reproches. El portavoz de los socialistas, Jose Antonio Pastor, aseguró que el concierto "no está en peligro", y menos después de que el Tribunal de Luxemburgo reconociera la "singularidad" fiscal vasca. También el representante del PP, Anton Damborenea, descartó esa hipótesis.
RETICENCIAS Por otro lado, tanto el PSE como el PP son conscientes de las serias reservas que el concierto suscita en algunos de sus dirigentes en Madrid, aunque oficialmente todos lo reconozcan como pilar fundamental del autogobierno. Además, admiten que modificar dos leyes orgánicas, como la del Tribunal Constitucional y la del poder judicial, a solicitud del Parlamento vasco podría abrir la espita a peticiones de otras comunidades.
