El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, asumió este miércoles la batalla que la presidenta de la Junta de Andalucía,Susana Díaz, está dispuesta a dar en contra de la política fiscal llevada a cabo por Madrid (PP), un "paraíso fiscal", según la dirigente socialista.

El Ejecutivo madrileño aprovecha el margen que da la ley a las comunidades para bonificar el 100% del impuesto sobre el patrimonio menor de dos millones de euros y el 99% del de sucesiones. Con carácter general, la mayoría de los españoles pagan si tienen un patrimonio superior a los 500.000 euros (teniendo en cuenta que la vivienda habitual suele estar exenta hasta un límite de 300.000 euros) y, en el caso de las sucesiones, en Andalucía, por ejemplo, el impuesto se aplica a partir de los 250.000 por heredero. A ojos de las comunidades gobernadas por el PSOE, con la excepción de Baleares, estas diferencias suponen un agravio comparativo que no se puede tolerar.

El portavoz de la gestora dejó claro en una rueda de prensa en Sevilla que espera que el Ejecutivo central acabe con unas "políticas que van en contra del interés general de la nación". Díaz reclama cierta armonización fiscal y que el nuevo modelo de financiación incluya un tope máximo y otro mínimo en los impuestos cedidos a las comunidades. La presidenta ha insinuado que si Madrid puede rebajar tanto algunos de ellos y compite de forma desleal es porque estar "hiperfinanciada". Una acusación, la de 'dumping' fiscal, que hizo en diciembre a Madrid la propia Generalitat de Cataluña.

EL 'INFORME LAGARES'

Hacienda encargó un informe a una comisión de expertos encabezada por Manuel Lagares en el 2014 para abordar la reforma fiscal y los especialistas aconsejaron a la Moncloa repensar esos dos impuestos, porque las fortunas que son las que pueden hacer grandes aportaciones a las arcas públicas encuentran los vericuetos para acabar eludiendo el pago. Pero con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina (en mayo del 2015), Mariano Rajoy decidió frenar la intención de Cristóbal Montoro y obviar un asunto tan espinoso. Ahora, sin urnas a la vista y con un Gobierno en minoría, el líder del PP ha decidido afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica (pendiente desde hace dos años) e incluir este debate.

En la conferencia de presidentes del martes se acordó que una comisión de expertos con miembros recomendados por las autonomías se configure en menos de un mes para abordar los cambios. "Que nadie se engañe, habrá muchas discusiones y momentos complicados", avisó la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.

Jiménez fue muy duro con Carles Puigdemont y su negativa a acudir al cónclave. No entiende que el Ejecutivo catalán deje que sea el de Baleares, como se anunció, el que le informe de cómo va la negociación del modelo.

El Ejecutivo, no obstante, confía en que la Generalitat se sume a las reuniones. Santamaría subrayó que espera que así sea tras escuchar a Neus Munté decir que el Govern no se va a "desentender" del debate.