Preocupado por el coste electoral que puede conllevar su tibieza con Marruecos tras el reciente desalojo del campamento reivindicativo de El Aaiún, y contestado por varios miembros de su ejecutiva, el PSOE endureció ayer en el Congreso su discurso sobre la reciente crisis en el Sáhara. El grupo socialista presentó un texto, que se discutirá mañana en el próximo pleno, que tiene como base la resolución que aprobó el Parlamento Europeo la pasada semana, pero que en algún punto va más allá.

Como el documento de la Eurocámara, el del PSOE condena "los incidentes violentos ocurridos en el campo de Gdaim Izik" el pasado 8 de noviembre, sin especificar si se refiere al comportamiento de Marruecos o al de los ciudadanos saharauis, pero también incluye un par de cosas que no aparecían en el texto comunitario: pide al Gobierno que "exprese a las autoridades marroquís su preocupación ante las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental", así como que "intensifique y profundice las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui". Sin embargo, los socialistas, que cifran en 13 los muertos en los incidentes --11 marroquís y dos saharauis-- no abogan por una investigación independiente de la ONU sobre lo ocurrido en la antigua colonia española, algo que sí hizo el Parlamento Europeo.

El texto del PSOE es una enmienda de sustitución de otro de IU-ICV mucho más duro con el país magrebí --habla de "represión por parte de Marruecos"--, y hubo un momento, ayer por la mañana, en el que parecía que sería aprobado por unanimidad. El PP, el PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también presentaron sus propias enmiendas, pero el acuerdo de todos en torno al texto de los socialistas se daba por bastante seguro. Por la tarde, sin embargo, los populares decidieron seguir con su propia iniciativa, y esto hizo que IU-ICV señalara que en ese caso ellos votarían su propio documento. La negociación, en cualquier caso, sigue abierta hasta mañana y no es del todo descartable que se logre el consenso.

En el Senado, en cambio, todos los grupos llegaron a un pacto. El pleno de la Cámara alta aprobó por unanimidad una moción en la que se pide que el Gobierno "condene los violentos incidentes" en el desalojo del campamento y que la ONU lleve a cabo una investigación.