El Partido Socialista servirá de instrumento al Gobierno para publicitar las bondades del "desarrollo autonómico". Los socialistas se aprestarán desde hoy a la labor pedagógica de explicar a sus simpatizantes la necesidad y los beneficios de las reformas de los estatutos de autonomía de "las comunidades que deseen cambiarlos". El objetivo de lograr "la concertación territorial" es uno de los que se propone la formación, cuyo máximo órgano entre congresos, el comité federal, celebra hoy su reunión constituyente.

El borrador de resolución política que debatirá hoy el comité federal establece las prioridades del partido para el año próximo, y repasa la acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en estos seis meses. Uno de los objetivos más destacados es extender la idea de que el diálogo y el acuerdo son la mejor fórmula para proceder al desarrollo autonómico que auspicia el Gobierno. Es lo que define como "concertación territorial", un proceso de diálogo entre autonomías y de éstas con el Gobierno para minimizar las fricciones en el proceso de cambios estatutarios.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES La explicación en todo el territorio nacional de la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica, de las ventajas de las reformas estatutarias y los beneficios de reformar el Senado centrarán la labor pedagógica del PSOE. Los socialistas ven la pasada Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid el 28 de octubre, como "el punto de partida" para alcanzar esa "concertación territorial".

El documento que verá hoy el comité federal se felicita de que Zapatero haya "recuperado" en seis meses el diálogo con todas las autonomías y haya puesto fin a una situación "anómala". Aprovecha entonces para denostar la actitud que mantiene el PP, que a juicio de la dirección socialista "sigue férreamente aferrado al pasado".

CAMPAÑA PARA EL REFERENDO El comité federal dará el visto bueno oficial para que el partido "ponga sus recursos humanos y materiales al servicio" de lograr un en el referendo sobre la Constitución europea, después de que el Gobierno renunciase a aprobar una ley para que el Estado financie la campaña de los partidos políticos.