El PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante ha exigido que aclare su papel en el 'caso Brugal' o que dimita al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, del PP, quien se ha defendido asegurando que no ha habido "nada irregular" y que la gestión de los residuos investigada se aprobó por unanimidad.

El popular ha presidido hoy su primer pleno en la Diputación desde que, hace justo dos semanas, fuera detenido junto a otras diez personas en el 'caso Brugal', que investiga un juez de Orihuela en torno a las supuestas irregularidades del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

En la sesión plenaria, el socialista Antonio Amorós ha expresado la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll y, tras recordar que ha sido imputado por cinco delitos y que debería regirse con "honestidad y honradez", ha advertido de que su arresto "desprestigia a la institución y a la clase política".

Para el socialista, Ripoll se ha unido a los "abusos de dirigentes del PP" conocidos en las provincias de Valencia y Castellón al "romper la confianza de los ciudadanos en las instituciones superando la barrera de lo lícito".

Por ello, le ha instado a que convoque un pleno extraordinario de "inmediato" para ofrecer "claridad y transparencia" para que su grupo pueda volver a tener confianza en la institución, o "en caso contrario presente su dimisión".

Posteriormente, Ripoll ha replicado que "la decisión más importante" del plan zonal fue adjudicar la gestión, y ha subrayado que ese acuerdo fue "tomado por unanimidad de los 27 municipios, entre ellos nueve socialistas, de la Generalitat Valenciana y la Diputación, que representa exclusivamente el 15%" del Consorcio de Residuos de la Vega Baja.

Ha reiterado que "lo razonable" es que primero se levante el secreto de sumario para conocer de qué se le acusa y tenga la oportunidad de defenderse, y ha aclarado que su arresto se produjo como presidente del Consorcio.

Preguntado por el traslado de parte de las diligencias desde el juzgado número 3 de Orihuela a otro juez de Alicante, Ripoll ha estimado que esto "retrasará un poco" el proceso judicial, dentro del cual seguirá pidiendo que se levante el secreto de lo que le afecta.

En cuanto a su relación con el empresario y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, otro de los detenidos hace dos semanas, ha indicado que su compañía, el Grupo Cívica, "tiene algunos contratos con la Diputación, aunque no es el mayor contratista ni el menor", y ha agregado que sólo ha obtenido obras cuando el dictamen de la comisión técnica así lo ha recomendado.