Para evitar que la izquierda aberzale "nos quiera dar gato por liebre", en palabras del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, los grupos parlamentarios del PSOE y el PP pactaron ayer la enmienda a la reforma de la ley electoral que afecta a las agrupaciones de electores. Conscientes de que Batasuna utilizará todas las vías posibles para lograr presencia institucional en las próximas elecciones municipales y forales, los dos partidos han querido tapar la rendija de las agrupaciones de electores.
El procedimiento judicial será el mismo que el usado para los partidos. La nueva ley amplía el margen para que el Tribunal Supremo ilegalice una candidatura. Y en cualquier caso, si consigue colarse y conseguir el acta de concejal, la ley también permitirá retirársela si se demuestra que ese cargo electo está en un partido ilegal.
Las agrupaciones de electores tienen una entidad jurídica distinta a los partidos. "Son fruto de la improvisación de un grupo de electores y tienen la vida limitada de un periodo electoral", recordó ayer a este diario el secretario electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro. Si se demuestra que esa agrupación es "instrumento" de un partido ilegal, el Tribunal Supremo instará a impedir que se presente o a retirar el acta en caso de que ya la ostenten.
RETOQUE DE LA REFORMA Bermúdez y Rubalcaba coincidieron en que con este retoque de la reforma de la ley electoral se blindarán del todo las municipales y otros comicios ante cualquier intento de Batasuna de presentarse. Y luego corresponderá a los servicios de información de Policía y Guardia Civil estar atentos a los movimientos de la izquierda aberzale.
