El Gobierno y el PP ultiman una reforma legal que prevé implantar medidas "de aseguramiento" frente a los terroristas que abandonen la prisión (alejamiento de víctimas, seguimiento, control). También se estudian medidas para garantizar que el patrimonio presente y futuro de los terroristas se destine íntegramente a la satisfacción de sus responsabilidades civiles, esto es, a indemnizar a sus víctimas.
Socialistas y populares barajan diferentes criterios sobre las fórmulas jurídicas que se han de utilizar, pero comparten el objetivo de dicha reforma: evitar la indignación social provocada por casos como el del etarra Iñaki de Juana Chaos, quien planea residir en un barrio donostiarra junto a decenas de familias de víctimas de ETA. La esposa del terrorista posee una vivienda en dicho barrio. Ella es la propietaria, mientras que él alega insolvencia para no pagar las indemnizaciones pendientes.
LEYES GARANTISTAS El caso no es fácil. El piso perteneció a la madre del etarra y, seguramente para evitar que pasara a manos de la Justicia, fue heredado por la hermana de Iñaki de Juana quien, a su vez, se lo vendió a la mujer del etarra. La legislación vigente y la figura de la separación de bienes podrían dificultar que el inmueble fuera considerado propiedad de De Juana. Pese a ello, la fiscalía ha reclamado su embargo y una investigación.
Los partidos mayoritarios son conscientes de que otros etarras podrían haberse aprovechado del vacío legal existente para falsear su patrimonio. Y estudian una reforma penal que lo impida. Según el PP, es urgente y llegará en próximos días. Según el PSOE, los cambios legales verán la luz, aunque haya que explorar antes "todas las vías" para que las iniciativas resulten efectivas y, al tiempo, garantistas.
Pero este acuerdo --fruto de la última reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-- no impidió que ayer, día de la excarcelación de De Juana, los conservadores reclamaran una modificación legal para responder a la sensibilidad ciudadana, tal y como hizo la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Más allá fue el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, quien reclamó otra ley "mañana mismo".
En México, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que aunque al Ejecutivo "le repugna" que el etarra esté en la calle, hay que cumplir la ley. Y dijo que la fiscalía y las fuerzas de seguridad estarán "especialmente vigilantes" para que "la dignidad" de las víctimas no sea "vulnerada".
