Los ciudadanos, especialmente aquellos que nacieron en la tierra de Don Quijote, van a tener ocasión de hartarse en los próximos días de escuchar al PSOE culpar al PP de haber dado al traste con la reforma del Estatuto manchego y, al PP, para no ser menos, de arremeter contra el PSOE exactamente por el mismo motivo. Paradojas de la vida, socialistas y populares comenzaron de la mano, en el Parlamento manchego, la aventura de dar vida a un proyecto estatutario. Entre otras cosas, dicho proyecto pretendía establecer una reserva hídrica para esta comunidad, tal y como hizo Aragón por unanimidad. Pero el pacto del PSOE de José María Barreda y del PP de María Dolores de Cospedal se rompió en Madrid, cuando el texto llegó al Congreso y el interés de los manchegos quedó superado por el interés electoral.

MAS COMODOS Tanto Barreda (presidente de Castilla-La Mancha con peligro de perder el poder en el 2011) como De Cospedal (aspirante con posibilidades, según las encuestas), están más cómodos con un Estatuto en vía muerta que con una nueva norma aprobada capaz de desatar una guerra del agua e, incluso, un tsunami en el seno de ambos partidos, especialmente del PP.

Las tensiones por el asunto del agua en la casa popular vienen de lejos. Tanto, que el que fuera responsable del programa electoral del PP en las últimas generales, Juan Costa, a punto estuvo de tirar la toalla por la enorme dificultad que supuso encontrar propuestas que pudieran ser defendidas por los conservadores valencianos y murcianos--partidarios a ultranza de los trasvases-- y por los manchegos y aragoneses, proclives a garantizarse para su consumo el agua de sus ríos. La situación fue más o menos parecida en el PSOE, aunque los barones socialistas hicieron menos ruido mediático que los conservadores Francisco Camps, presidente de Valencia, y Ramón Luis Valcárcel, de Murcia.

Muchos meses y lluvias después, Camps y Valcárcel han vuelto a convertirse en protagonistas: su oposición al texto que pactaron De Cospedal y Barreda en La Mancha ha sido definitivo para matar el Estatuto. Tanto que el miércoles, cuando el proyecto se sometía a votación en el Congreso, Valcárcel se plantó en la Cámara baja para ejercer presión sobre De Cospedal.

En tan embarazosa situación tuvo que mediar Mariano Rajoy: se llegó a un acuerdo in extremis que consistía en una enmienda que reconocía que Castilla-La Mancha tenía una necesidad estimada de agua de 4.000 hectómetros, pero desaparecía la exigencia inicial de una "reserva exclusiva". Pero esa enmienda fue rechazada por el PSOE, que decidió pedir la retirada del Congreso del Estatuto. Barreda ya tiene una estrategia y una culpable: De Cospedal. "Barreda no debe retirar el Estatuto", señalaba la popular. Aunque lo que quiere realmente es que no cale que es por su culpa. A ver quién gana esta batalla mediática.