Cuando el Consejo de Ministros aprobó su controvertida norma antidescargas, en enero de este año, el Gobierno dijo que esperaba que entrara en vigor antes de acabar el verano. Es invierno: la iniciativa, conocida popularmente como ley Sinde por el apellido de su impulsora --la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, a la que el PP pide ahora que dimita--, no solo no está vigente, sino que ya no es. Y con su deceso, vía voto de todos los grupos del Congreso menos el del PSOE, el Gobierno ha logrado irritar a ajenos --el difuso mundo internauta, la oposición, los colectivos de artistas y las entidades de gestión de derechos de autor-- y también, cosa más difícil y sorprendente, a algunos propios. Ayer, un día después del fracaso parlamentario, varias fuentes socialistas hablaron de imprevisión para explicar lo que había sucedido.

"No hemos sabido mimar este tema como se merecía", admitió un relevante diputado del PSOE. "Lo hemos dejado para última hora", reconoció otro. "El asunto es lo suficientemente sensible e importante como para que se le hubiese dedicado más tiempo", añadió un tercero.

Dice el PNV que el Gobierno sabía desde octubre que los nacionalistas vascos no iban a ir de su mano en la norma destinada a impedir las descargas no autorizadas, por medio de un sistema en el que interviene la Administración y el poder judicial, porque esta, por mucho que viniese como disposición adicional a la ley de economía sostenible (LES), no tenía nada de económica.

Sin embargo, el Ejecutivo no empezó a cortejar a CiU hasta hace pocos días, y la federación, molesta con las formas, exigió condiciones que iban más allá de lo que estaba dispuesto a llegar el PSOE. Según fuentes socialistas, incluso plantearon la abstención del PSC en la investidura de Artur Mas.

ULTIMA HORA Y entonces, cuando faltaban pocas horas para la votación, el Gobierno buscó al PP. "Vieron que el modelo Sinde había muerto y nos contactaron", explicaron fuentes populares. Según ambas partes, los de Mariano Rajoy pedían la aceptación de sus enmiendas, que pasan por dotar de mayores garantías judiciales al procedimiento para cerrar webs y por eliminar el canon digital. El Ejecutivo estaba dispuesto a aceptar lo primero, pero no lo segundo.

Así se llegó al fracaso. Ahora los socialistas no saben si intentarán el acuerdo en el Senado, donde la LES sigue su camino sin el apartado de las descargas, o si empezarán de cero, con una nueva ley que no una disposición adicional.

"El Gobierno está comprometido con la propiedad intelectual", dijo ayer una González-Sinde a la que le preguntaron si había pensado dimitir. "No, no lo he pensado", dijo. Y preguntó al periodista: "¿Y usted, ha pensado en dimitir?".