El PSOE se desvinculó ayer definitivamente del acuerdo para la reforma de la justicia, suscrito con el Partido Popular (PP) en mayo del 2001. Los grupos de IU, PNV y el Mixto siguieron sus pasos y anunciaron que dimiten de la comisión de seguimiento del pacto a la que se adscribieron a pesar de no haber participado en su gestación. CiU y Coalición Canaria se negaron a sumarse a la escenificación de la ruptura.
El portavoz de los nacionalistas catalanes, Xavier Trias, argumentó que CiU "no se dejará utilizar para ir unos contra otros". Por su parte, el portavoz adjunto de Coalición Canaria. Luis Mardones, criticó que el PSOE "utilice" ahora a los partidos minoritarios para escenificar la ruptura. A pesar de los intentos desplegados la víspera, el PSOE no consiguió que estos dos grupos parlamentarios dieran su brazo a torcer.
El portavoz socialista, Jesús Caldera, prometió incluir los objetivos del extinto acuerdo en el programa del PSOE para las elecciones generales de marzo del 2004. Entre esos objetivos figura la redefinición de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, la creación de más plazas de jueces y fiscales y, sobre todo, la dotación económica comprometida: 1.500 millones de euros adicionales en ocho años.
El PSOE se comprometió también a modificar el estatuto del Ministerio Fiscal, que fue aprobado en mayo con sus votos en contra, a pesar de la vigencia del pacto. Caldera reiteró que el Gobierno ha utilizado el acuerdo por la justicia "en su propio beneficio".
En esa dirección se orientaron los reproches de IU. Felipe Alcaraz invocó la imagen de las bacterias, "que lo devoran todo", para indicar que el PP ha deglutido la "calidad democrática". También reprochó al PSOE haber suscrito el acuerdo. Por su parte, Iñaki Anasagasti (PNV) respaldó la afirmación de Pasqual Maragall de que existe una "Brunete judicial".
El Gobierno reaccionó en tromba a la ruptura del pacto. El ministro portavoz, Eduardo Zaplana, dijo que el pacto seguirá "con el PSOE o sin él" e insinuó que los socialistas podrían romper otros acuerdos firmados con el PP: "No será la única decisión de este tipo, porque el PSOE ha entrado en una etapa de radicalización ante la cercanía de los diversos procesos electorales".
REPROCHE DE MICHAVILA
El titular de Justicia, José María Michavila, descalificó a los grupos que siguieron al PSOE. "Son partidos que no cumplen sentencias del Tribunal Supremo", dijo, en referencia a la negativa del Parlamento vasco a disolver el grupo de Batasuna. Michavila, como el candidato del PP, Mariano Rajoy, opinó que la iniciativa del PSOE persigue réditos electorales.
