La tensión vivida en el Parlament el pasado viernes para aprobar una resolución unitaria en defensa del Estatut, que se acabó fraguando en el último segundo y con un acuerdo de mínimos, se ha trasladado ya al Congreso. La Cámara baja discutirá y votará mañana las 90 resoluciones derivadas de la primera parte del debate del estado de la nación, celebrado la semana pasada. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) fue protagonista destacada de la doble sesión, pero se podría dar la paradoja --pese a que las resoluciones no son vinculantes-- de que no saliera adelante ninguna propuesta que avale la vigencia de la Carta catalana, tal y como fue validada en esas mismas Cortes.

La fragilidad de la unidad catalana, evidenciada en el Parlament, amenaza con frustrar una resolución común del grupo socialista (PSOE y PSC), CiU, ERC e ICV. Con una particularidad que no se da en Cataluña, pero que en Madrid tiene un valor relevante: el peso específico del PP, que no ha registrado ninguna resolución que aluda al Estatut, pero podría acabar siendo el gran beneficiado, en clave española, del fracaso de las negociaciones del frente estatutario.

Esa es la principal preocupación de la dirección del PSOE, expresada ayer mediante una metáfora cinematográfica por uno de sus responsables. "Podría pasar como en esos wésterns en los que, tras una larga partida de póquer, los cuatro jugadores se disparan entre ellos y el dinero se lo lleva uno que no jugaba".

PERFIL BAJO Los conservadores no van a negociar su voto, ni siquiera a cambio de introducir enmiendas, a las resoluciones sobre la sentencia que han presentado los otros partidos. Esta decisión responde a la estrategia de perfil bajo adoptada por los populares tras el fallo, para que no les afecte en Cataluña el recuerdo de que fueron ellos los que presentaron el principal recurso de inconstitucionalidad.

La resolución presentada por el PP reclama "preservar y reestablecer los consensos constitucionales sobre el modelo de estado de las autonomías". También pide "cumplir y garantizar" el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el que la Constitución es "la ley suprema de la que emanan el resto de normas", así como "la interpretación de las sentencias que dictan los tribunales". Un redactado de tal inconcreción, según denuncian los socialistas, que hasta ellos podrían darle su apoyo.

No sucede lo mismo con las resoluciones del resto de grupos. PSOE y PSC han logrado su objetivo de pactar un texto que, sin descalificar al TC, incluye la reafirmación del preámbulo del Estatut, eje vertebrador del pacto alcanzado en el Parlament. Sus 169 escaños (a 7 de la mayoría) les dan la fuerza de ser la única alternativa con opción aritmética parlamentaria de triunfo.

EL PACTO DE TOLEDO Al margen del texto catalán, otro tema que requerirá una intensa labor negociadora en la Cámara baja es la anunciada congelación de las pensiones. PP, ERC, IU, ICV, BNG, CiU, CC y UPN han registrado textos que aluden directamente a esta cuestión que, a juicio de estos grupos, atenta contra el Pacto de Toledo. El propio presidente del Gobierno admitió el miércoles que su decisión era una "quiebra" del acuerdo.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer, en alusión a la medida, que José Luis Rodríguez Zapatero debe dar "marcha atrás" si aspira a "recomponer" el pacto. Y apuntó que el PP no apoyará elevar la edad de jubilación a los 67 años, sino ampliar la vida laboral con "mecanismos voluntarios e incentivados".