Los socialistas sembraron de nuevo el desconcierto al rechazar ayer en el Congreso una iniciativa que ya habían votado favorablemente en el Parlamento de Cataluña. El Grupo Parlamentario Socialista, del que forman parte el PSOE y el PSC, impidió, en compañía del PP y CC, la tramitación de una proposición de ley que se aprobó en Cataluña con el voto favorable de todos los grupos menos el conservador.

El Parlamento autonómico aprobó la iniciativa el 26 de junio del 2003. En ella se proponía la modificación de la ley del Tribunal Constitucional para que las comunidades autónomas puedan plantear en el futuro, frente al Estado, conflictos negativos de competencias. Es decir, para que todos los gobiernos autonómicos puedan recurrir al Constitucional cuando el Estado "impida u obstaculice con su inactividad o por omisión de sus obligaciones" el ejercicio de sus competencias.

CONTRA EL BLOQUEO En la exposición de motivos se destacaba que el Estado aún sigue prestando servicios que corresponden a la Generalitat de Cataluña por la falta de acuerdos. "La inactividad del Estado impide que la Generalitat disponga de los medios necesarios y la priva de poder ejercer las competencias de las que es titular en virtud del Estatuto", se precisaba. También se proponía la modificación de los artículos 71 y 72 de la ley del tribunal "para resolver las situaciones de bloqueo competencial y abrir una vía para que las autonomías puedan plantear conflictos negativos de competencias".

El PSOE, estando en la oposición, había votado a favor de una proposición idéntica que CiU presentó en el Congreso en abril del 2002. Y el PSC hizo lo propio en el Parlamento catalán en el 2003. Pero el debate nació descafeinado porque los socialistas habían anunciado previamente su voto contrario. El portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que votarían en contra porque el Congreso va a debatir en breve una reforma más amplia de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y "lo que haya que introducir se hará con enmiendas a esa ley".

Jordi Pedret, del PSC, dijo en nombre del Grupo Socialista que fueron "ocho años de centralismo absoluto del PP los que provocaron este tipo de propuestas". Aseguró que la reclamación se discutirá "en un marco adecuado", pero que hay que tener cuidado porque no se puede poner al tribunal "en un brete" exigiendo que decida sobre bienes, servicios y funcionarios. "Las reclamaciones las resolveremos políticamente porque ahora, en cambio, funcionan perfectamente las conferencias sectoriales y las comisiones mixtas de transferencias", afirmó.

MAL AUGURIO A ERC no le convencieron los argumentos de los socialistas. Joan Ridao (ERC), que defendió la proposición junto a Maria Eugenia Cuenca (CiU) y Lídia Santos (PSC), dijo que el voto en contra de los socialistas "es un mal augurio", en alusión a la negociación del Estatuto.

Jordi Jané, de CiU, fue más suave, pero criticó que el PSOE rechace la propuesta cuando el debate hubiera podido sumarse al de la reforma global de la ley "ya que todavía está abierto el plazo de enmiendas y el calendario nos lo pone fácil". El resto de los grupos, menos el PP y CC, apoyaron la propuesta. El popular Ignacio Astarloa dijo que el rechazo de ayer sólo es "una prórroga" porque el debate se reproducirá en la próxima reforma del Estatuto catalán.