Los jueces de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y Baltasar Garzón mantienen un duro enfrentamiento para hacerse con las actas de ETA sobre las conversaciones que mantuvieron con el Gobierno José Antonio Iurrebaso y Kepa Suárez, quienes se identificaron como negociadores de la banda cuando fueron detenidos el 29 de marzo en Francia.
La jueza antiterrorista de París, Laurence Le Vert, dictó su ingreso en prisión el 2 de abril. La policía comunicó entonces a Garzón el arresto de los etarras ya que este había procesado a Súarez como miembro del aparato de captación de ETA y había decretado su busca y captura.
El magistrado español cursó una comisión rogatoria a Francia el 9 de abril en la que reclamaba a su colega que le enviara toda la documentación relativa a la detención de los dos terroristas. Ambos se presentaron ante la policía francesa como negociadores con el Gobierno español al facilitar cuatro números de teléfono de sus contactos, dos franceses y dos españoles. Uno de los números era del exnúmero dos del Ministerio del Interior francés Christian Lambert.
Le Vert cursó la petición y remitió la documentación a finales de abril. La comisión rogatoria fue recibida por el juez Fernando Grande-Marlaska, que estaba de guardia, y decidió investigar hasta que la fiscalía le pidió que la mandara al decanato, ya que no era competente para instruir la causa. El decano Ismael Moreno la repartió y el caso pasó a manos del juez Del Olmo, que también incoó unas diligencias secretas y ordenó una investigación a la Guardia Civil.
La fiscalía se enteró de esta actuación en mayo. El 29 de ese mes pidió a Del Olmo que remitiera la causa a Garzón e instó a este a que reclamase el proceso a su colega. Pero Del Olmo decidió pasar la patata caliente a la jueza francesa. Le Vert no quiso entrometerse y recordó a Del Olmo que Garzón era el único que le había pedido la información.
Pese a ello, Del Olmo continuó su investigación y decidió abrir otras diligencias y remitir la causa al decano, quien le dejó continuar por antecedentes. Ante esta situación, la fiscalía volvió a requerir a Garzón, el viernes, que reclamara la causa a Del Olmo. El magistrado cumplió ayer esa orden y reiteró que tiene abiertos dos procesos en los que están implicados los detenidos. Fuentes jurídicas han explicado que Garzón no investiga la negociación de ETA con el Gobierno sino aspectos más amplios.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió ayer a remitir a Francia toda la información que le soliciten sobre este asunto.
