El abogado del Estado pidió ayer a la jueza Gemma Gallego, que investiga la supuesta falsedad de un informe policial que vinculaba el 11-M con ETA, que le readmita en la investigación en calidad de perjudicado, ya que debe preservar el buen funcionamiento de la Administración. La jueza expulsó a los servicios jurídicos del Estado el pasado martes porque se personó como perjudicado o responsable civil. Para la magistrada --que aspira a una plaza en el Consejo del Poder Judicial por el PP-- la Abogacía del Estado tenía que definir su condición después de haber admitido su personación el pasado 13 de octubre. Una semana más tarde, la Abogacía pidió a la jueza la nulidad de actuaciones y que levantara el secreto del sumario.
En su escrito de ayer, los servicios jurídicos reclaman de nuevo que se levante la medida. La petición fue atendida por la jueza, que tramita una querella de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M contra mandos policiales, y la imputación de tres peritos firmada por Baltasar Garzón, porque le confesaron que habían "creado" un informe en julio, tras comprobar que su superior había eliminado las referencias de su borrador, que fue redactado en marzo del 2005, entre el 11-M y ETA por el hallazgo de ácido bórico en las casas de un islamista y un etarra.
LOS ALEGATOS El abogado del Estado pregunta a la jueza que, "si lo que se cuestiona es una presunta falsedad de documento oficial", cómo no va a poder personarse para defender que la actuación de los funcionarios públicos sea correcta, ya que la Administración "ha de ser entendida como un servicio al ciudadano sometida al derecho".
Por ello, el abogado del Estado sostiene que en este caso existe "un perjuicio moral" porque el presunto delito de falsedad documental se imputa a policías que "estaban en el ejercicio de sus funciones y cuya actividad se plasmó en un documento oficial cuya veracidad se cuestiona".
