CataluÑa terminará otra semana sin presidente de la Generalitat. El presidente del Parlamento ha suspendido el pleno de investidura de Jordi Sànchez, previsto para hoy, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volviera a denegar la salida de la cárcel del exlíder de la ANC. Mientras Roger Torrent impulsa una querella de la Cámara por prevaricación contra el magistrado, los partidos independentistas siguen estudiando qué hacer ahora.

Han pasado 113 días desde que JxCat, ERC y la CUP renovaran su mayoría absoluta en las elecciones. En este tiempo, la estrategia del soberanismo se ha movido entre el choque con el Estado (con los intentos de investir a Carles Puigdemont y a Sànchez) y la voluntad de poner en marcha la legislatura para levantar el control de Madrid sobre la Generalitat.

Para disgusto de Esquerra, que pide que haya cuanto antes un Gobierno catalán efectivo, sus socios están más interesados en explotar la victoria moral que les ha proporcionado la justicia alemana al dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont, y ya han anunciado que no tienen prisa en proponer un recambio para Sànchez.

Como esperaban todos, Llarena negó ayer a Sànchez el per-

miso para asistir al pleno del

Parlament, e incluso su parti-

cipación por videoconferen-

cia, porque entiende que exis-

te «riesgo de reiteración delictiva».

El juez argumenta que su candidatura presenta elementos que apuntan «marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional».

En vista de las circunstancias, Torrent anunció por la tarde que suspendía el pleno. Y, además, el Parlament se querellará hoy contra Llarena. Los independentistas aducen un escrito de la ONU, en el que el Comité de Derechos Humanos de esa organización admite a trámite la demanda de Sànchez y pide a España que respete sus derechos políticos, para considerar que el juez ha prevaricado.

NO ES VINCULANTE / Llarena, en cambio, cree que ese llamamiento de la ONU «no supone que el Comité de Derechos Humanos haga una indicación concreta» al tribunal, y que, en todo caso, nunca podría «ser vinculante». Eso no impedirá que la Mesa del Parlament, con mayoría soberanista, tome mañana la decisión de querellarse. Ciutadans ya ha anunciado que no permitirán que la Cámara gaste «ni un euro de dinero público» en ello.

De nuevo fue JxCat la formación que empleó palabras más gruesas para criticar la decisión del magistrado del Tribunal Supremo. Los diputados Josep Costa, que es vicepresidente de la Cámara, y Elsa Artadi, que suena como candidata a presidenta en un futuro más o menos próximo -los independentistas tienen hasta el 22 de mayo para ponerse de acuerdo antes de que se convoquen elecciones- compararon a Llarena con Antonio Tejero.

Calificaron la decisión del magistrado de «golpe de Estado togado», y añadieron que la diferencia con la intentona del 23-F es solo que el Estado «ha cambiado al ejército por los jueces». ERC también ha criticado a Llarena, pero, de manera significativa, ha vuelto a pedir una «investidura efectiva» que permita formar Govern.

Una pieza importante del rompecabezas está en Berlín, donde Puigdemont sigue calibrando la situación. Ayer recibió al expresidente Artur Mas, con quien departió dos ho-

ras sobre la situación polí-

tica, según fuentes de su entorno.