El GIL creo ocho sociedades públicas para eludir el control técnico y político. La principal fue Promociones 2000, encargada de tramitar licencias de obras y recalificar terrenos al margen del pleno. Roca, su coordinador, levantó un ayuntamiento paralelo con sus propios abogados y arquitectos, y operaba al margen de la ley.
El primer control, el del secretario municipal, falló de forma continuada desde 1991. En esos 15 años, los notarios, registradores y abogados no observaron nada ilícito. La fiscalía logró procesar a los tres alcaldes por hechos puntuales, pero no advirtió la corrupción masiva por parte de Roca, un hombre con influencias.
La Junta y el Tribunal de Cuentas señalaron durante el 2005 anomalías sobre la opacidad de las empresas, aunque sin descubrir el alcance de la corrupción.
