No fue solo el apoyo a título individual de tal o cual tertuliano, de este o aquel locutor de la emisora episcopal; fue toda la cadena. En un momento en el que empiezan escucharse dentro de la Iglesia voces críticas con el rumbo de la COPE y la reciente renovación de Federico Jiménez Losantos, la radio difundió ayer un comunicado en el que mostraba "su pleno respaldo" al discutido comunicador, quien horas antes había sido condenado a pagar 36.000 euros por un delito de injurias graves contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Para la emisora de los obispos, insultos como "desleal, traidor y farsante" --que Losantos dirigió al mandatario del PP-- no son más que el legítimo "ejercicio de la libertad de expresión".
Para la jueza, en cambio, el periodista --quien declaró que a Gallardón le daban "igual" los 192 muertos del 11-M "con tal de llegar al poder"-- incurrió en "opiniones y calificativos vejatorios" que "suponen un daño injustificado a la dignidad del querellante". La radio de la Iglesia criticó los razonamientos de la jueza. "La sentencia no es firme --reza el comunicado-- y la COPE confía en que sea revocada en instancias en las que encuentre mejor amparo la libertad de expresión". Es decir, que la magistrada no ha protegido el derecho de crítica del comunicador. O, al menos, no lo suficiente.
COMISION PERMANENTE La Conferencia Episcopal Española, que ayer no quiso valorar el fallo, tiene desde hoy una buena oportunidad de discutir la cuestión. Su permanente estará reunida hasta el jueves y el ambiente se presenta caldeado. Tanto el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, como el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, han expresado su desacuerdo con la continuidad de Losantos. La última voz en sumarse al coro de críticos es la del obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, que en la revista católica Vida Nueva dijo que es "en los medios de comunicación donde más se ha de reflejar la diferencia del talante de la Iglesia con los talantes de otras formas de comunicar".
En la sentencia, la jueza explica que "ha proferido frases en las que imputa" al alcalde de Madrid hechos en los que "no se ha probado la veracidad", pues "pone en su boca cosas que no ha dicho". Para la magistrada, le imputó "hechos falsos": que no quería que se investigase el 11-M y que había dedicado dinero público a querellarse contra él. La resolución subraya que las falsedades fueron difundidas por la COPE. "En consecuencia", Losantos "no actuó en el ejercicio del derecho a comunicar libremente información veraz", que recoge la Constitución.
La jueza rechaza que las expresiones de Losantos hayan sido sacadas de contexto. Se trata de manifestaciones "vejatorias, innecesarias para la labor informativa o de formación de la opinión, y suponen un daño injustificado a la dignidad" de Gallardón, ya que la Carta Magna no avala "el derecho al insulto". Por ello, califica las expresiones del periodista de "claramente insultantes o hirientes", así como que buscan "vejar la imagen" de Gallardón "en forma innecesaria y gratuita, y desacreditarle públicamente" por ser alcalde de Madrid y miembro del PP.
También niega los argumentos del comentarista y del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y del eurodiputado del PP Luis Herrero, quienes sostuvieron que en la radio la información y la opinión no se pueden separar.
Tras conocerse la sentencia, Ruiz-Gallardón se mostró cauto. "Las sentencias hay que respetarlas y acatarlas. Fuera cual fuera el contenido del fallo, habría tenido el mismo respeto que tengo ahora", dijo en contraste con Losantos, quien sostuvo que la sentencia era una "chapuza".
