Con las elecciones legislativas a seis meses vista, Mariano Rajoy intenta contrarrestar la ofensiva legislativa emprendida por el Gobierno en favor de las familias con el doble mensaje de que él también tiene discurso social y de que las iniciativas socialistas carecen del aval del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Ayer, el escenario fue la residencia de mayores Santa Teresa Jornet, en Ciudad Real. Ante los ancianos del centro, el líder del PP defendió una jubilación "flexible, gradual y compatible con el trabajo" para los mayores de 65 años, reclamó que la ley de dependencia "se ponga en marcha" y reiteró su voluntad de hablar con el Ejecutivo sobre los presupuestos del 2008.

El candidato popular a la Moncloa se presentó como el defensor de los intereses de "todos los españoles" frente al electoralismo en que, desde su punto de vista, está incurriendo el Gobierno con las medidas sociales más recientes, como la ayuda por hijo recién nacido y la asistencia bucodental a niños de entre 7 y 15 años. Rajoy acusó al Gobierno de "hacer campaña con el dinero de los contribuyentes" y de convertir los presupuestos generales en un "mercado persa" con el fin de complacer a "unos y otros".

"Hay que mirar el interés general. No se pueden utilizar los presupuestos para hacer electoralismo y regalarle dinero a todo el mundo", dijo el líder del PP, quien dijo compartir los reparos de vicepresidente Solbes a algunas de las iniciativas que con más entusiasmo ha anunciado recientemente el Ejecutivo.

Omitiendo que su propio partido está obstaculizando en distintas comunidades autónomas la ley de la dependencia, Rajoy exigió que esta norma se ponga en marcha y se dote económicamente, porque, según dijo, "no se puede aprobar leyes que luego quedan ahí y no se apliquen". En su discurso de corte social, el líder del PP encontró un hueco para tocar un tema muy querido para él y su partido, junto al de la lucha contra ETA: la defensa de la unidad y de los símbolos de España. Reclamó en ese sentido que se aplique "con contundencia" la ley, tanto en el caso de los "insultos al Rey" como en el de la ausencia de la bandera española en edificios públicos.