Los vaivenes de las últimas horas en el Palau de la Generalitat y la mediación de Íñigo Urkullu y empresarios catalanes, además de las gestiones hechas por el PSOE y el PSC en los últimos días, no han servido para suavizar la posición del Gobierno central. Mariano Rajoy se mantiene en la férrea posición que adoptó en la noche del lunes y, a través de sus portavoces, insiste a Carles Puigdemont que para frenar el despliegue del 155 de la Constitución no basta ya con la convocatoria de unas elecciones, sino que se le exige una "vuelta a la legalidad". Eso significa, según fuentes de la Moncloa, una renuncia expresa y definitiva a la independencia -bien a través de un escrito o de una comparecencia pública- y a las leyes que el Parlament aprobó para darle forma y que están suspendidas por el Constitucional.
De hecho, este jueves, y tras las quejas del 'president' de que no podía adelantar comicios tal y como se había planteado (y hasta comunicado a sus socios) por no haber obtenido "garantías" de Madrid de que se frenaría la intervención de competencias y suspensión de cargos, desde el Ejecutivo se replicó que tampoco a ellos les habían llegado "garantías" desde Barcelona de que quedaba restituido el orden constitucional en Catalunya. Y que mientras eso no suceda, nada cambiará sobre lo ya planteado. Que a estas alturas no aceptan "presiones". "No quiso tomarse en serio el requerimiento previo a la aprobación de medidas en el Consejo de Ministros extraordinario y era muy serio", insistieron fuentes gubernamentales.
Hasta que Puigdemont no salió a la palestra fueron pocos los populares que se atrevieron a pronunciarse sobre el asunto aunque fuera en privado. Según revelaron después algunos altos cargos, Rajoy les había pedido silencio y "esperar" a través de un mensaje. Fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de defender en la comisión de la Cámara Alta el paquete de medidas para desplegar el 155. Santamaría consideró necesaria la intervención de Catalunya para "rescatarla" del "dictado exclusivo" de los independentistas y recuperar la convivencia. Este viernes el propio Rajoy acudirá a la última sesión parlamentaria para dar luz verde a este artículo.
Negociación con los socialistas
La posición gubernamental basada en el 'ni un paso atrás' sorprendió hasta al PSOE, que en todo lo que va de tramitación ha venido apoyando al Gobierno con el 155. Los socialistas trataron este jueves de buscar alguna salida 'in extremis'. Hubo conversaciones a todos los niveles. Varias de Rajoy con Albert Rivera y Pedro Sánchez. El grupo socialista introdujo una propuesta en el trámite parlamentario en la que instaban al Ejecutivo a frenar el desarrollo del polémico artículo de la Carta Magna si Puigdemont termina por convocar elecciones autonómicas. Pero desde la Moncloa se le contestó a Sánchez lo mismo que a los independentistas: que no. Que para aprobar una enmienda semejante debería recogerse también la exigencia de vuelta a la legalidad.
En todo caso, las fuentes consultadas insistían en que hay tiempo para que el Senado pueda recoger modificaciones en el texto original hasta que se haya producido, en Pleno, la votación final, prevista para este viernes. "No hay acuerdo pero seguiremos haciendo todos los esfuerzos por alcanzar un consenso", dijo a última hora de la noche el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro.
Desde el entorno de Sánchez se le da una enorme importancia a que el Gobierno acepte su propuesta de que una convocatoria electoral suspenda el 155. Ese ha sido el principal mensaje del líder socialista, y aún más del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y con su aprobación tendría mucha más fuerza la idea de que el PSOE ha intentado evitar "hasta el último momento" caer en "el precipicio". Pero los socialistas son pesimistas. Creen que aún hay espacio para llegar a un acuerdo con el PP, aunque dudan de que si este se da y el Senado aprueba que unos comicios autonómicos paren la suspensión de competencias y la destitución del Govern, Puigdemont acepte convocar elecciones.
