En secreto, y en campo neutral. Así se reunieron ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, para consensuar una salida a la crisis que vive la formación conservadora tras hacerse público un informe policial que denuncia una trama de financiación ilegal del partido, dirigida desde Valencia. La resistencia de Camps a destituir a los principales implicados, tal y como le reclama la dirección popular, obligó a que ambos se vieran las caras durante casi cinco horas para pactar unos ceses que eviten males mayores.
Para no herir suspicacias, y en virtud de la amistad personal que une a ambos líderes (Camps fue el principal valedor de la continuidad de Rajoy tras perder este las últimas generales), la cita se produjo en el parador de Alarcón, en Cuenca, a medio camino entre Valencia y Madrid. Según la cadena SER, ambos almorzaron resguardados tras un biombo, en un intento de proteger la discreción del encuentro.
La escalada de declaraciones entre los dirigentes de la cúpula estatal y valenciana sobre cómo atajar el problema amenazaba ya con abrir un cisma. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el lunes reclamó a Camps "contundencia", abrió ayer la puerta a los que "hayan hecho cosas que no se tienen que hacer".
NO HAY MONCLOA SIN VALENCIA Unas declaraciones que fueron respondidas por el presidente de la Generalitat al recordar que Rajoy no logrará llegar a la Moncloa sin su ayuda, en alusión al peso de esta comunidad por su condición de principal granero de votos de los populares.
La estrategia inicial de la dirección estatal del partido de dejar en manos de Camps la purga no ha funcionado y si en las próximas horas no se oficializa alguna destitución en Valencia, el liderazgo de Rajoy quedaría desautorizado. Una de las personas con más opciones de hacer las maletas es el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Este sufrió ayer un nuevo revés al archivar la Fiscalía Superior de Valencia la denuncia que el propio dirigente presentó el lunes contra la policía, por el informe que lo implica en la trama, vinculada al caso Gürtel. El documento señala también al vicepresidente del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, y al vicesecretario general del PP, David Serra. La Fiscalía considera que no se desprende delito por parte de quien firmó y ordenó el informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales.
El informe fue enviado por la policía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dos días antes de que se archivara la causa de los trajes regalados en la que estaban imputados Camps y Costa, entre otros. El TSJCV rechazó el informe porque no guardaba relación con los hechos que juzgaba la sala, y porque nadie del tribunal lo había pedido. Costa, que calificó el informe de "malintencionado" e "instigado" por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, está en la cuerda floja desde que se desvelaron los pormenores del mismo. El portavoz conservador en el Parlamento autonómico lleva desde el viernes diciendo que no piensa dimitir hasta que Camps le indique lo contrario. Rambla mantiene silencio. Los dos son de Castellón, feudo de Carlos Fabra, uno de los líderes del PP más perseguidos por la justicia.
