Cuánto antes decida el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, antes se habrán calmado las aguas políticas y sociales que, a buen seguro, se revolverán en Cataluña si hay una sentencia que conlleve recortes. Por tanto, más tiempo habrá para intentar apaciguar ánimos en busca de alianzas poselectorales. Esa es la conclusión a la que llegó ayer el comité de dirección del PP y la razón por la que la secretaria general, Dolores de Cospedal, enfatizó que ahora no toca renovar el alto Tribunal, sino exigir una pronta respuesta al recurso del Estatut.

"No hay que alargar más el proceso. El PP entiende que no es momento para quitar legitimidad ni para desacreditar lo que lleva haciendo el tribunal hace tres años y medio. Es momento de que emita una sentencia y actúe como tenga que actuar", subrayó De Cospedal. De esta forma, los conservadores quisieron lanzar un aviso al Gobierno, por si hubiera la tentación de utilizar la próxima reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (en diciembre) para agitar el fantasma de la renovación del TC.

En este contexto, el PP insiste en que Zapatero y Rajoy acordaron al comienzo de la legislatura impulsar cambios en el Constitucional, esto es, sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato estaba a punto de expirar. Pero el PP tendió una trampa que los socialistas no supieron esquivar: logró que sus comunidades propusieran a Francisco Hernando y a Enrique López como candidatos a ocupar un sillón en el alto Tribunal. El PSOE se negó a avalarlos. El PP se cerró en banda a ofrecer otra alternativa y la renovación quedó bloqueada. Tampoco hubo acuerdo para buscar sustituto al magistrado fallecido Roberto García-Calvo.

Con ese caldo de cultivo y otro magistrado recusado por el PP, Pablo Pérez Tremps, ha venido trabajando el Constitucional sobre el Estatut. Y los populares creen que en ese mismo caldo ha de cocerse la sentencia, pese a que piden agilidad a los jueces.

De Cospedal aseguró que el PP no se arrepiente de haber recurrido el Estatut y que merece ser estudiado "sin presiones". Así, instó al president Montilla a dejar de lanzar mensajes "contrarios a la ley" y a reflexionar sobre su responsabilidad en la crisis.