El Gobierno marca sus líneas rojas y solo abrirá la Carta Magna si hay “inmensa mayoría” parlamentaria suficiente para hacerlo con bisturí, sin abrir el texto a una revisión generalizada, y exponiéndose lo mínimo a riesgos que empiezan a atemorizar a los dos principales partidos: lo imprevisible de un referéndum que avale la revisión constitucional, como ha demostrado la sorprendente derrota del primer ministro italiano Matteo Renzi, y la posibilidad de que un grupo (basta con el 10% de la Cámara, 35 diputados) pida una consulta independentista para Cataluña. Ambos escenarios despiertan cada vez más recelos en el Gobierno y en el PSOE, y no es baladí que tanto Mariano Rajoy como el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, pidieran consensos previos, incluso, para crear la subcomisión en el Congreso que ha de poner en marcha la actualización de la Constitución.
El temor lo trasladaron indirectamente ante los micrófonos cuando Rajoy reclamó “prudencia” y Fernández planteó su deseo de que se vaya reduciendo la "tendencia a lo plebiscitario" porque a su juicio "están volviendo viejos fantasmas vestidos de populismos nuevos". De modo explícito, sus equipos lo transmitieron en conversaciones informales tras la ceremonia de celebración del 38 aniversario de la Carta Magna. Hasta 2015, el fuerte bipartidismo había impedido de facto que pudiese prosperar una petición del referéndum en Cataluña, puesto que PP y PSOE son contrarios a la consulta, pero la aparición de Unidos Podemos (71 diputados) despierta un recelo que el Gobierno no disimula y que ha comenzado a echar raíces también en el PSOE.
Aunque Rajoy eludió concretar cuál es su ideal de reforma, puso como ejemplo lo positivo de los pactos, como el alcanzado con los socialistas para el techo de gasto. También la presidenta del Congreso, Ana Pastor rompió una baza a favor del diálogo y de la necesidad de cesiones mutuas para avanzar en los acuerdos en lugar de encerrarse posiciones de trinchera.
El planteamiento del Gobierno y PSOE contrasta con el de Ciudadanos, que pide una reforma exprés, a principio de 2017, para eliminar los aforamientos y con los postulados de Unidos Podemos que quiere una revisión en profundidad.
CESIONES A PUIGDEMONT
Rajoy no tiene intención de asumir el derecho a decidir en la reforma constitucional, pero al mismo tiempo, parece decidido, ahora, a compensar ese portazo a la consulta con con otro tipo de cesiones a la Generalitat. Según adelantó este martes la vicepresidenta, las primeras decisiones, que se pueden concretar incluso antes de que finalice el año o a principios del 2017, están incluidas en el paquete de 46 medidas que el ‘president’Carles Puigdemont, reclamó a Rajoy en abril.
La intención es aceptar varias de sus reivindicaciones (la primera podría ser la de Rodalies-Renfe) para allanar la relación y, a la vez, atraerle a la conferencia de presidentes, a la que Puigdemont ha anunciado que no acudirá, que se celebra en enero en Madrid.
En conversación informal, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que su intención es dotar de alto contenido político al encuentro para que su trascendencia dificulte la ausencia del ‘president’. Soraya Sáenz de Santamaría desveló que se había fijado la conferencia de presidentes a principio de año justamente para que constituya un pistoletazo de salida “potente” al curso político, que marque la agenda y defina los temas a abordar en la primera etapa de la legislatura. No quiso ir más allá. Eludió concretar cuál va a ser elenco de asuntos sobre la mesa a los que Puigdemont difícilmente podría dar esquinazo, pero admitió que, en paralelo, está cerrando una cita con el 'vicepresident', Oriol Junqueras, y no descartó que se produzca antes de Navidad.
Al acto no asistieron diputados de ERC, PDC y el PNV, ni los líderes de Unidos Podemos. Tampoco estuvieron Puigdemont, el lehendakari Íñigo Urkullu, ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
