Mariano Rajoy no fue el lunes a la Moncloa para pactar nada con José Luis Rodríguez Zapatero más allá de escenificar una tregua que diera un respiro a la sociedad. Como ha hecho toda la legislatura, el PP quiere dictar cómo se lucha contra ETA. Después de que la banda anunciara que volverá a matar, los conservadores han concedido al presidente del Gobierno una libertad condicional vigilada. Pero el PP mantiene su interés en que la ciudadanía perciba que la batuta en política antiterrorista la llevan ellos. Por eso, congelarán unos días las iniciativas parlamentarias sobre la cuestión, pero buscarán una resolución del Congreso que oficialice la estrategia de "derrotar" a la banda en el debate sobre el estado de la nación.

La firmeza contra ETA anunciada por el jefe del Ejecutivo no basta al PP. Es decir, que no se conforma con que se detenga a los etarras, sino que exige un esfuerzo político al presidente. Para que sea evidente, fuentes de la dirección admiten ya que quieren que un documento recoja que el diálogo con la banda "ya no sirve" y que lo único eficaz es "debilitar a los terroristas en los frentes policial, judicial y político". Y lo quieren con la misma claridad con la que la resolución de mayo del 2005 apostó por el diálogo para acabar con la violencia y autorizó a Zapatero para ponerlo en marcha.

POLEMICA ESQUIVADA Cara a la galería, los dirigentes del PP se han instalado en que dejan "margen" al Gobierno porque "hay que esperar y ver". De momento, hasta Eduardo Zaplana esquiva la polémica pese a que la semana pasada planteó la posibilidad de que el Congreso revoque la resolución que autorizaba al Gobierno a dialogar con ETA. Ayer, el portavoz parlamentario del PP dijo que "tiempo al tiempo", que solamente han pasado 24 horas y que su partido verá lo que hace "en función de las decisiones o falta de decisiones del Ejecutivo".

SABADO DECISIVO La intervención de Rajoy en el debate sobre el estado de la nación depende, por ahora, de la actitud del Gobierno. El cese de hostilidades está condicionado a lo que ocurra este sábado, cuando 439 concejales de ANV tomen posesión de sus cargos. La fuerza aberzale ha amenazado con boicotear la jornada allí donde sus listas fueron anuladas y el dispositivo desplegado por la Ertzaintza augura una jornada de incidentes. La respuesta del Ejecutivo a esos incidentes será clave, ya que los conservadores podrán sostener que el partido estaba fagocitado por Batasuna y debía haber sido ilegalizado al completo.

Como acostumbra, Rajoy fue ayer más explícito ante los micrófonos de la COPE que ante los periodistas que le pidieron cuentas de su reunión con Zapatero. Y no decepcionó cuando advirtió: "Si no se impide que los concejales de ANV tomen posesión de sus actas, yo lo criticaré y diré que ya vamos por mal camino".

Esta declaración 24 horas después de haber acordado que mantendrá sus discrepancias en privado, prueba que Rajoy hace equilibrios para no pasar por blando ante la parte de su electorado que no entiende cómo puede darle un mínimo aval al Gobierno tras acusarle de haberle estado engañando. Federico Jiménez Losantos se lo preguntó. "¿Cómo se puede fiar?". La respuesta fue que "no se trata de una cuestión de confianza" porque él no fue a la Moncloa con ánimo "para pactar nada", sino para fijar su posición.