El PP continúa con su asedio al presidente del Congreso, José Bono. Ayer, el líder de los populares, Mariano Rajoy, dio su visto bueno para que se dé una vuelta de tuerca más al cerco que su partido tiene preparado en los tribunales al veterano político socialista. En la práctica, eso significa que los conservadores abandonan la técnica de crear dudas sobre el patrimonio de Bono mandando escritos a la fiscalía y pasan a la acción: reclaman formalmente al ministerio público que traslade a un juzgado las sucesivas denuncias que han presentado sobre este asunto, basándose en informaciones publicadas en prensa.

De hecho, los conservadores pretenden que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, comparezca con urgencia en el Congreso para explicar por qué ha actuado con "pasividad" ante las peticiones que, en los últimos meses, ha venido haciendo el Partido Popular para que se investigue las "elevadas" pertenencias de Bono.

Según se desprende del último escrito remitido por el equipo de Rajoy a la fiscalía, los populares ven evidencias de "presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales" que podrían afectar al presidente de la Cámara baja. Incluso, apuntan que de los datos que han hecho públicos determinados medios de comunicación se deducen, a su entender, posibles indicios de cohecho impropio a delitos contra la hacienda y la administración pública. "Las noticias publicadas sobre el patrimonio de Bono ponen en clara evidencia y día tras día las notorias discrepancias entre su versión y los datos sobre el alcance de su patrimonio que están difundiendo los medios", se alega desde el PP.

DEMANDAS "DESATENDIDAS" Con esas tesis sobre la mesa, los populares se quejan de que la fiscalía esté "desatendiendo" sus demandas para que se investigue este asunto y "obviando toda actuación" en torno a una cuestión de "indubitado interés social", dado que podría afectar al presidente del Congreso, tercera autoridad del Estado. "No es razonable que el fiscal obvie o eluda toda respuesta, cuando este caso debería exigir un mayor esfuerzo en el rápido y total esclarecimiento de los hechos puesto que, de resultar ciertas las conductas y hechos que vienen difundiendo la inmensa mayoría de los medios, podrían ser constitutivos de delitos", dicen en su último escrito. Finalmente, los conservadores avisan que no descartan presentar querella contra Bono ante el Tribunal Supremo si la fiscalía desoye sus demandas. Como ya hicieron, sin éxito, contra Manuel Chaves.