El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, han pactado un plan de acción jurídica y político para las próximas semanas, una vez que el Tribunal Supremo ha decidido reabrir la causa de los trajes que atañe al máximo responsable del gobierno autonómico y a varios de sus más estrechos colaboradores, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de este acuerdo. En lo que concierne a la política, la dirección nacional garantizará apoyo a Camps y lo mantendrá como candidato a la reelección, siempre y cuando no termine sentado en un banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para ser juzgado. Y para que esa escena de Camps esperando su sentencia no pase de hipótesis a realidad, Rajoy y su barón en Valencia han dejado en manos del político Federico Trillo y el abogado Javier Boix la elaboración de un guión que, si fuera menester, incluiría la posibilidad de plantear un trato a la fiscalía en torno al delito de cohecho impropio. La estrategia se complicaría muchísimo, admiten las fuentes consultadas, si reapareciese el fantasma de la financiación ilegal.
No obstante, la primera vía a explorar será intentar frenar el proceso por cohecho que volverá a instruir el magistrado José Flors, del TSJCV. Con este fin, la defensa de Camps quiere que se incluyan pruebas y testigos que, hace un año, fueron rechazadas por este mismo juez. Además, pedirá que sean tenidas en cuenta conversaciones mantenidas entre uno de los cabecillas de la red Gürtel y su abogado ya que, supuestamente, exculpan al presidente valenciano.
GRABACION DE GARZON Claro que hay un pequeño detalle que podría complicar el asunto: esa y otras grabaciones realizadas en los locutorios de la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por entender que, tal y como denunciaron los espiados, podría haberse vulnerado su derecho a la defensa. De hecho, Garzón está siendo investigado en el Supremo, entre otras cosas, por haber dado luz verde a la grabación de diálogos entre imputados en el caso de corrupción y sus letrados. Pero más allá del futuro que pueda tener la iniciativa en el tribunal valenciano, a Camps le interesa sobremanera dar, al tiempo que la batalla judicial, la de la opinión pública.
Por eso, a partir de ahora él y los suyos insistirán en sacar a colación, cuando sea posible, el contenido de las conversaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados, aquellas en las que negaban que se hubieran regalado trajes a Camps o ponían en duda que un presidente autonómico se dejara "comprar con una chaqueta".
A esto habrá que sumar la ingente cantidad de recursos que, como es habitual en este tipo de procesos, los abogados de Camps y los otros afectados por el caso de los trajes (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) interpondrán ante las decisiones que vaya tomando Flors. Y si no lograran que el citado juez archivara el proceso antes de abrir juicio con jurado --como corresponde al delito de cohecho impropio--, se plantearían incluso acordar con el fiscal una sentencia de conformidad, esto es, aceptar los cargos a cambio de pagar la multa que corresponda y, lo más importante, esquivar la temida foto del banquillo.
Con este plan bajo el brazo, es más fácil entender por qué Camps reconoció públicamente el miércoles que, si lo cree necesario, adelantará el proceso electoral: llegado el caso, apostará por someterse al "gran jurado del pueblo valenciano", para que sea él quien le juzgue en las urnas. Por si las moscas, el PP valenciano ya dice estar en campaña electoral. El objetivo es caldear el ambiente y, de paso, dejar cuanto antes sin espacio a los populares que desean dimisiones. Que los hay.
