El líder de la oposición, Mariano Rajoy, quiere que la economía sea el eje del debate político en esta legislatura. El cree que le interesa, al considerar que la gestión de la coyuntura económica es el punto débil del Gobierno socialista. Por eso, ayer pidió al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que adopte "medidas valientes" en este ámbito, una vez que los últimos datos del paro sitúan a España como "el segundo país con más paro de los 27 de la Unión Europea, solo superado por Eslovaquia".

LA CONSTITUCION Para no perder el rumbo de la estrategia de oposición que se ha marcado en esta legislatura --paz con los socialistas, salvo en economía--, el jefe de los populares utilizó ayer una conferencia dedicada, en principio, a la Constitución, para cebarse con el PSOE y su respuesta ante "la peor crisis económica desde 1993", esto es, la época de Felipe González.

Por ello, insistió en que toca adoptar decisiones "valientes" a fin de poder recuperar la confianza de los inversores y los agentes sociales, pese a que ve a Zapatero "sin ilusión o ganas" con un vicepresidente económico, Pedro Solbes, que no se muestra "excesivamente activo" para lograr ese objetivo. Rajoy, que defiende un drástico recorte del gasto público y reformas laborales y fiscales inmediatas, recalcó que el camino del consenso político que marca la Carta Magna del 78 es también la vía para, actualmente, superar la malograda situación económica.

"He propuesto un amplísimo paquete de medidas para hacer frente a la crisis, devolver la confianza, evitar la destrucción de empleo, controlar los precios y reducir el gasto público. Aunque el presidente no parece querer enterarse de la gravedad de la situación, yo no cejaré en mi empeño de convertir este asunto en prioridad", sostuvo.

Tampoco se privó Rajoy de hablar del Estatuto catalán y sus consecuencias. Bajo su punto de vista, la bilateralidad que consagra el texto supone "una quiebra irreparable" del espíritu constitucional, ya que fomenta un Estado "pseudoconfederal" que lleva implícito "el germen de la desigualdad y una carrera insostenible de agravios comparativos".

Para el líder del PP, el mejor ejemplo de las dificultades del "modelo territorial aprobado" lo constituye la negociación emprendida para modificar el sistema de financiación autonómica. Tras acusar a Solbes de abordar esa cuestión por "imposición", dijo que las comunidades gobernadas por su partido impondrán que el acuerdo final sea unánime y multilateral y se negarán, si se llega a proponer, a posibles subidas de impuestos. Agregó que el Estado deberá mantener suficiencia financiera para hacer frente a sus competencias y revisar la financiación local.