Mariano Rajoy defendió ayer una solución tajante para acabar con el debate sobre si deben o no los ayuntamientos empadronar a los inmigrantes irregulares: propuso que los extranjeros tengan garantizada la asistencia médica y la educación sin que el padrón sea necesario para ello. El líder del PP no ofreció más detalles sobre esta iniciativa. Juzgó contradictorio que la ley obligue a empadronar, pero también a expulsar a los irregulares; se limitó a asegurar que los foráneos deben gozar de los derechos básicos, sin mostrar documentos, "por el mero hecho de ser seres humanos", y aseguró que modificar el sistema evitaría "problemas". Y pasó a reclamar un debate sobre la inmigración que esté marcado por la voluntad de primar "el orden y el control".

En la clausura de la escuela de invierno del PP catalán, Rajoy no defraudó. Su partido lleva varios días metido de lleno en el debate sobre inmigración desde que se conoció la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los irregulares. Y este fue prácticamente el único tema que el presidente del partido abordó ayer, cuatro recetas económicas aparte. Si bien no precisó cómo los inmigrantes irregulares verían garantizada su atención médica y la educación de sus hijos de no constar en el padrón, sí concretó qué medidas quiere impulsar en su propósito de "ordenar" la inmigración. Rajoy propuso que los extranjeros en situación irregular que sean condenados a penas superiores a los seis meses sean expulsados, que se propicie una política común en la UE para evitar diferencias de trato y que el Congreso prohíba por ley las regularizaciones masivas de inmigrantes. También criticó, como suele, las posiciones de la izquierda de los "papeles para todos, la demagogia y el cinismo".

ESTRATEGIA PELIGROSA En Madrid, el Gobierno cerró filas ante un debate que ha ido subiendo de tono con el paso de la semana y vinculó la polémica a una estrategia electoral de los populares, de peligrosas consecuencias. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calificó la táctica del PP de "oportunista y malintencionada" y aseguró que el Ejecutivo no se plantea cambios legales en materia migratoria. De hecho, hizo una encendida defensa de la política de "inmigración legal con derechos y obligaciones e integración" que, según dijo, ha cambiado por completo el panorama que se encontró el PSOE a su regreso al poder en el 2004.

De la Vega salió al paso de las últimas declaraciones de los ministros José Blanco y Celestino Corbacho, más favorables a estudiar modificaciones, y reconoció la legitimidad del debate, pero sin que ello afecte a la toma de decisiones del Gobierno. Corbacho se unió a esa tesis y reclamó "cerrar" la discusión sobre un problema que, según su opinión, "no existe con la magnitud con que se ha intentado plantear". "Debemos centrarnos en las políticas de convivencia", indicó. El ministro de Trabajo consideró "inadecuado" mezclar la crisis económica con la inmigración, informa Fidel Masreal.

NORMAS COMPATIBLES De la Vega quiso recordar la reciente reforma de la ley de extranjería, en la que el PP no puso sobre la mesa las contradicciones que ahora denuncia. En este sentido, consideró "compatible" luchar contra la inmigración irregular, como persigue esa norma, y empadronar a los sin papeles. La vicepresidenta explicó que en este segundo caso el objetivo es conocer la población que hay en España. Una medida que permite, por ejemplo, decidir la distribución de las transferencias a las comunidades autónomas.