La dirección del PP es consciente de que su nuevo curso político no se presenta fácil: el levantamiento del secreto sobre el caso Gürtel amenaza con amargar el otoño a Mariano Rajoy y al resto de su equipo. Ante este panorama, los conservadores han decidido tomar la iniciativa y apostarlo todo a una carta: la de la confrontación al máximo nivel con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el retorno a la crispación. Y eso incluirá todas las áreas de la política (hasta ahora, la batalla PSOE-PP se libraba, casi en exclusiva, en el campo económico), con la única excepción --esta legislatura sí-- de la política antiterrorista.

El optar por la arriesgada senda de la crispación no es una estrategia que guste por igual a todos los dirigentes populares. De hecho, uno de sus barones territoriales, Antonio Basagoiti, ya ha hecho llegar a la cúpula de su partido que preferiría quedar al margen en esa lucha sin cuartel contra el PSOE y, en lo posible, mantener a salvo su pacto en Euskadi con el lendakari socialista Patxi López. A tenor de sus declaraciones del pasado viernes, López comparte las tesis de Basagoiti, ya que considera que el pacto que ambos mantienen está "blindado y aislado de las disputas partidarias". Lo que no está tan claro es que la cúpula del PP piense de igual modo.

ALONSO Y GONZALEZ PONS Las dudas a este respecto las han sembrado dos dirigentes con mucho peso en la imagen del actual PP: el portavoz adjunto del Grupo Popular, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de comunicación del partido, Esteban González Pons. Alonso, también presidente del PP alavés, advirtió el pasado miércoles de que "la caza de brujas" que, a su juicio, está llevando a cabo el Ejecutivo socialista contra los populares, podría afectar a la relación de ambas formaciones políticas "en todas partes". Esto es, también en el País Vasco.

Por su lado, González Pons ha venido apoyando de forma entusiasta las denuncias de su jefa, María Dolores de Cospedal, sobre supuestos pinchazos telefónicos ilegales a dirigentes del PP y la "persecución" a sus cargos a través de la Fiscalía, la policía y los jueces, todos, según la misma versión, a las órdenes del Gobierno. Y, en esta línea argumental, ha llegado a comparar a Zapatero con el venezolano Hugo Chávez por un supuesto uso "inaceptable" de las instituciones, acusando al PSOE de poner en riesgo los "logros más importantes de la transición", incluido el pacto en el País Vasco.

Estas amenazantes declaraciones de populares cercanos a Rajoy no han gustado a su compañero Basagoiti, que preferiría que el PP echase mano del freno.

TAPAR LA CORRUPCION Bajo la premisa de que un ataque es la mejor defensa, los populares buscan hacer suficiente ruido para que toda la atención mediática no se concentre en sus propias desventuras, que darán lugar a nuevos capítulos. Se espera que, en septiembre u octubre a mucho tardar, el Tribunal Superior de Madrid levante el secreto de sumario sobre el caso Gürtel , que atañe a varios cargos del PP y que varios dirigentes socialistas han considerado como el meollo de una posible financiación ilegal del partido.

Por esas fechas, las Cortes habrán de pronunciarse sobre los suplicatorios del extesorero popular Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, a fin de que puedan ser investigados en el Supremo. Al tiempo, el juez competente habrá avanzado en el caso del velódromo de Palma, que salpica al entorno del expresidente balear Jaume Matas.

Es demasiada tela que cortar para un PP que, en pleno periodo vacacional, ya ha preparado un plan B : al levantamiento del secreto del caso Gürtel y el suplicatorio de Bárcenas responderá atacando a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la que acusan de manejar de formal inmoral los hilos de la Fiscalía.

Con este argumento pretenden someter a De la Vega al acoso parlamentario. Semejante táctica tienen reservada para el titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusan, sin pruebas hasta el momento, de utilizar a la policía en su contra.