El Gobierno mostró ayer su oposición a la decisión del Parlamento de Cataluña de interponer una querella contra el juez del Tribunal Supremo que investiga el proceso secesionista, Pablo Llarena, por impedir de nuevo la salida de la cárcel de Jordi Sànchez para ser investido o su participación por videoconferencia. Esta decisión de la Cámara autonómica llevó a que el presidente de la Mesa, Roger Torrent, aplazara el pleno previsto para ayer viernes para proceder a la investidura de Jordi Sànchez, aunque el candidato no contaba en un principio con los votos necesarios para ser elegido en primera vuelta.

Según Mariano Rajoy, «si la querella la paga el Parlament», puede considerarse «malversación de caudales públicos». «Solo les recuerdo lo que han dicho los letrados», apuntó el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa celebrada en la Moncloa.

«Sinceramente, lo que tiene que hacer el Parlament de Cataluña, lo único que tiene que hacer, y lleva incumpliéndolo desde el 21 de diciembre, es elegir un president de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar», reclamó a los líderes independentistas.

LA POSTURA DEL GOBIERNO / Horas antes, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ya había destacado ese informe de los letrados del Parlament, en el que el servicio jurídico alerta de un posible delito de malversación. «Que luego no digan que no sabían cuáles eran las consecuencias», avisó el también ministro de Educación, quien ha precisado que, como la decisión se ha tomado este viernes, el Gobierno aún no ha analizado si cabría interponer algún recurso contra el Parlamento catalán.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en Onda Cero a primera hora de la mañana, consideró que «la querella a un juez y la amenaza por hacer su trabajo es un error gravísimo», que esconde, en su opinión, «un cierto ánimo de amenaza» y supone una «deriva muy peligrosa».

«Contra las decisiones de los jueces están los recursos, a mí me parece que se están equivocando al intentar amedrentar o incluso amenazar a un magistrado a base de escraches, de pintadas en su vivienda y de presentarle una querella por hacer su trabajo», manifestó el ministro.

PENDIENTES DE LA EXTRADICIÓN / Por otro lado, el ministro selañaló que la reunión entre los fiscales españoles y alemanes sobre la extradicción de Carles Puigdemont «ha ido bien», según le había comentado el fiscal general. En su opinión, lo más «razonable es que la resolución del juez alemán se adecúe lo más posible a lo dicho por el juez español que instruye el caso y que lleva meses investigando». De lo contrario, sostuvo, supondría «volver muchos años atrás».

Siguiendo este razonamiento, dio por «hecho que habrá extradicción, por un delito o por otro», ya que el magistrado alemán «ha reconocido que los ha habido». De hecho, no descartó que la rebelión figure finalmente entre los motivos de la entrega de Puigdemont a España. Según su interpretación, el procedimiento derivado de la euroorden «no ha finalizado» y aún deben desarrollarse «fases sucesivas».

Así, apuntó que el fiscal puede «aportar más información que permita en su caso que lo que el juez Llarena consideró en su auto que estaba probado, que es la violencia que justifica la rebelión, también lo puedan tomar en consideración los jueces alemanes».

En la misma línea, Méndez de Vigo insistió en que «no hay decisión respecto a la euroorden» y que conviene «esperar» a que acabe el «procedimiento» antes de «aventurar» si Puigdemont será extraditado y por qué delitos.

Durante el encuentro entre fiscales españoles y alemanes los primeros entregaron numerosos vídeos de los actos violentos cometidos durante el referéndum y los días posteriores hasta la declaración ilegal de independencia en numerosos puntos de Cataluña. Con esta prueba intentan convencer a los jueces alemanes de que sí hubo violencia y por tanto sí cabe la extradción por un presunto delito de rebelión, como sostiene España.