De los más de 6.000 casos rechazados por el Gobierno vasco, 2.400 presentaron recurso. Algunos ya han recibido la denegación y se plantean ahora recurrir al contencioso-administrativo. Las demandas pueden ascender hasta 1.000 y las primeras se presentaran esta semana.

Geureak está dispuesta a llegar hasta la Comisión de Derechos y Libertades del Parlamento Europeo para que diga si los trabajos forzados en los batallones disciplinarios fueron o no una privación de libertad. También se plantean crear una plataforma electoral de víctimas del franquismo para las próximas autonómicas.