Los juristas no se ponen de acuerdo sobre la respuesta del Gobierno de José María Aznar al plan Ibarretxe . El exmagistrado del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra y el catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez apoyan la decisión de impugnar la propuesta ante el alto tribunal. Por contra, tanto los catedráticos Marc Carrillo y Joan Queralt como el profesor Pablo Morenilla creen inadecuadas las impugnaciones y auguran que el Constitucional no las admitirá a trámite.
Gimeno Sendra, en la actualidad catedrático de Derecho Procesal, sostiene que el plan Ibarretxe es "absolutamente inconstitucional", ya que ataca la "soberanía del pueblo español", plantea reformas como la del poder judicial y "atribuye a los vascos un poder constituyente".
LA LEGITIMIDAD Por ello, afirma que el Gobierno "tiene toda la razón a la hora de interponer este recurso". Este experto sostiene que el Ejecutivo "está obligado a defender la Constitución", y por tanto "está legitimado para impugnar". Además, sostiene que el Constitucional debe admitir la demanda y suspender la tramitación parlamentaria del plan del lendakari Juan José Ibarretxe.
No obstante, Gimeno Sendra explica que, como ciudadano, no le satisface esta actuación del Gobierno porque "impide la discusión sobre el Estatuto de autonomía", pese a que "los vascos pueden promover su reforma".
Por su parte, Gómez Benítez acusa al Gobierno vasco de promover una propuesta "que implica una reforma de la Constitución" y necesita la aprobación de las Cortes Generales. Además, subraya que el plan Ibarretxe es inconstitucional porque vulnera la organización territorial del Estado, el principio de unidad jurisdiccional, la soberanía del pueblo español y el principio de unidad territorial de España.
Este catedrático defiende la decisión del ministro de Justicia, José María Michavila, de impugnar el acuerdo mediante el que el Ejecutivo vasco puso en marcha el procedimiento legislativo. Gómez Benítez, convencido de que el Constitucional admitirá a trámite la demanda, interpreta que el debate parlamentario en la Cámara vasca "está alterado desde el punto de vista legal" por la presencia de Batasuna. Por ello, apoya la salida jurídica del Gobierno de Aznar "para evitar un debate trucado".
"ARGUMENTOS RETORICOS" El catedrático Joan Queralt discrepa de esa posición, ya que cree que el Gobierno no puede impugnar esa propuesta porque no es una norma jurídica. Y apuesta por que el tribunal no admita la demanda y, aunque opina que el plan Ibarretxe utiliza "argumentos jurídicos meramente retóricos", también advierte de que la Constitución no es inmutable: "No hay nada intocable en un sistema democrático".
Marc Carrillo, por su parte, evita pronunciarse. "No me puedo pronunciar sobre la constitucionalidad de algo que no es norma jurídica", dice. Entiende que el Gobierno no puede impugnar "algo que no es una resolución normativa vigente". Por eso, cree que el Constitucional no debería admitir a trámite la demanda.
Pablo Morenilla, aunque ve inconstitucional el plan Ibarretxe, asegura que el Gobierno se "ha precipitado" al presentar la impugnación, ya que el proyecto no es una norma jurídica. Afirma que la demanda es sólo "una respuesta política" que pone en aprietos a la justicia, ya que "el Constitucional, haga lo que haga, va a salir perjudicado".
