El caso Gürtel entró ayer en una nueva fase al difundirse el contenido del informe de la Brigada Policial de Blanqueo que examina un juez de Madrid desde hace dos semanas. El documento, de 89 folios y cinco anexos, desvela que la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa financió irregularmente durante años al PP de Valencia a través de un sistema de doble contabilidad y facturas falsas, que le permitía canalizar pagos de empresas adjudicatarias del Gobierno de Francisco Camps, según informó ayer la cadena SER. Los focos vuelven a proyectarse hacia el presidente valenciano, pocas semanas después de que se archivara el caso de los trajes regalados por la trama.
ENTRAMADO FINANCIERO El sistema de financiación funcionaba a través de la siguiente operativa: las empresas de Correa y Alvaro Pérez, alias el Bigotes , organizaban numerosos actos para el Partido Popular, pero este solo les pagaba una pequeña parte.
El resto del dinero era abonado a la trama a través de una red de empresas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat valenciana. El dinero aportado por ellas tenía como destinatario último el Partido Popular, pero se lo entregaban a las empresas de Gürtel.
La doble contabilidad figura en los libros incautados al administrador de Correa. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market la empresa de la trama en Valencia por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona caja B", relata el informe que señala, además, al secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, como "canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero".
El documento policial cita numerosos indicios de que estos pagos en negro se sufragaban en diversas ocasiones con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos) Antonio Pons Dolf, presidente de la constructora Piaf, Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando esas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justiciar el pago realizado".
