¿Pasar por los batallones disciplinarios del general Franco fue una privación de libertad? En la respuesta está el origen de un desencuentro que enfrenta ahora a la asociación de víctimas de la guerra civil Geureak con el Gobierno vasco. El asunto toca la fibra sensible.

José Antonio Urquijo Buzón, de 87 años, mantiene el pulso legal con el departamento de Javier Madrazo (IU) y es una de las más de 6.000 personas a las que se les ha denegado, por diversos motivos, una ayuda económica, para él, de gran valor simbólico. José Antonio desea que le reconozcan el tiempo que pasó en campos de concentración y en un batallón disciplinario, que marcó su vida para siempre.

Avalancha de peticiones

La historia del desencuentro comenzó hace ahora dos años cuando el Gobierno vasco aprobó un decreto para indemnizar a presos y represaliados políticos del franquismo. Sería la más generosa de todas las ayudas acordadas por las comunidades (7.200 euros, casi 1.200.000 pesetas). El Departamento se vio pronto desbordado: se presentaron 8.680 solicitudes de las que 2.529 fueron aprobadas y 6.151 denegadas. Y comenzaron los problemas.

En opinión de Geureak, fue la "avalancha de peticiones lo que asustó a Madrazo. Se ha producido una mala gestión del decreto y ha existido muy poca flexibilidad". La queja es de Dora y Mikel. Dicen que se ha extremado la petición de documentos rechazando pruebas parciales de la privación de libertad. Denuncian sobre todo que los batallones se hayan valorado como un servicio militar.

Dora y Mikel están a la espera de que el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) se pronuncie sobre el informe que le entregaron en septiembre, y reclaman atención. "Es muy duro tener que llevar a nuestro Gobierno a los tribunales, pero lo vamos a hacer porque no nos dejan otras salida".

La consejería evita el enfrentamiento. "Sabemos que el asunto es muy delicado y complejo", dice un colaborador de Madrazo, quien defiende que la gestión del decreto ha sido correcta y que la documentación exigida no puede obviarse. "Otra cosa es que se estime que las condiciones deben ser otras. Entonces tendremos que hablar de otro decreto", dice.

Urquijo no comprende aún cómo le han denegado la ayuda. Aunque su memoria empieza ahora a flaquear, no olvida los más tristes episodios de su vida. Voluntario en el Ejército vasco, fue detenido en junio de 1937 y conducido al campo de concentración de Santoña (Cantabria). De allí al de Miranda de Ebro (Burgos). Logró huir y pasar al bando republicano cuando formaba parte de un batallón de trabajadores que construía trincheras en Toledo. Siguió luchando y en 1939 le arrestaron en Alicante. Su estancia durante seis meses en el campo de Albatera fue durísima. "Nos numeraban por grupos de 100. Si alguien huía, fusilaban al número anterior y posterior. Fue terrible", recuerda.

Trasladado a otro campo en Valencia, logró la libertad en 1940. Pero cuando ya estaba en su casa lo incorporaron a un batallón disciplinario. Permaneció ahí hasta 1942. Al año siguiente le enviaron a la mili y cuando la acabó no pudo reincorporarse a los Ferrocarriles Vascongados con su categoría porque era un "desafecto al régimen". Ese estigma le persiguió hasta tal punto que Franco se negó en 1972 a entregarle en mano un premio familiar que se le asignó por ser padre de 11 hijos y procurarles estudios a todos.

"¿Cómo pueden decirme ahora que lo mío no fue una privación de libertad?" Está dolido. Vio sufrir y morir a muchos; sobrevivió a muchas dificultades y el rechazo a su expediente es una amargura. "No es el dinero, es el símbolo ", dice su hijo Mikel. La documentación que presentaron fue fragmentaria pero "suficiente" para acreditar las penalidades que padeció José Antonio. Están dispuestos a seguir hasta el final. Es una "cuestión de justicia".