El Ministerio del Interior y la consejería de la misma área en el País Vasco analizarán en septiembre la protección que se ofrece a los cargos públicos y adecuarán los servicios de escolta a la nueva situación creada tras el alto el fuego, si se constata la ausencia de violencia y si las personas protegidas están de acuerdo. Para el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, sin embargo, la retirada de la protección supondría "una irresponsabilidad" y "una alegría para ETA-Batasuna".
