La Audiencia Nacional dejó ayer sin efecto "las medidas aseguratorias y de vigilancia" que le impuso a finales de abril a Ignacio Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería, mientras tramitaba el recurso interpuesto por la fiscalía para juzgar al exdirigente etarra por el intento de asesinato del Rey en Palma en agosto de 1995. La decisión es firme y no cabe recurso alguno, por lo que el terrorista, que salió de la cárcel el 28 de abril, ya no deberá sentarse en el banquillo por esa causa.

En el auto, la sala de lo penal rechaza el recurso del ministerio público contra el sobreseimiento de la causa que se seguía contra Gracia Arregi, que fue extraditado por Francia en el 2008 únicamente por el delito de integración en organización terrorista, análogo al de asociación de mal- hechores, por el que ya cumplió ocho años de prisión en ese país. El tribunal considera que en su momento el fiscal se mostró favorable a declarar esa causa "cosa juzgada" y que no ha alegado nuevos motivos para reabrirla. Por ello levanta la "vigilancia permanente" impuesta al etarra, que se hacía en turnos de 24 horas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, y anula la prohibición de abandonar el territorio nacional y la de establecer un domicilio fijo.

La Audiencia Nacional impuso estas medidas a instancias del ministerio público. La intención de este último era iniciar un proceso contra Iñaki de Rentería por ordenar el magnicidio, para lo que solicitó "subsanar el defecto" de la sentencia francesa de extradición para añadir los delitos derivados de esos hechos. Pero en su auto el tribunal sostiene que las alegaciones del fiscal "no convencen" de que hay nuevas razones que puedan "desvirtuar el sentido" de lo que dijo en su momento, es decir, que estaba de acuerdo con el sobreseimiento.

El ministerio público puede volver a intentar abrir un procedimiento por el intento de asesinato del Rey aplicando la ley de extradición pasiva, pero para ello deberá esperar hasta mediados de junio, pues el artículo 21 de esa norma solo contempla la posibilidad de ordenar la detención del etarra sin necesidad de atender a las limitaciones impuestas por Francia en la extradición pasados 45 días de su puesta en libertad.

La decisión de la Audiencia Nacional puede enturbiar aún más el clima político a cuenta de la estrategia antiterrorista del Gobierno. De hecho, esta semana la dirección del PP sugería entre líneas que el traslado de Arnaldo Otegi a una cárcel riojana y la puesta en libertad del exsecretario de LAB Rafael Diez Usabiaga y de Iñaki de Rentería podía ser indicios de un plan encaminado a apaciguar a ETA.